Un año después de la toma de funciones de la administración de Duterte la comunidad internacional ha tomado conocimiento de la sangrienta guerra contra las drogas que ya se ha cobrado miles de vidas filipinas. Más recientemente se ha declarado la ley marcial en Mindanao, una medida cuestionada por los progresistas ya que se trata de una respuesta desproporcionada a las amenazas terroristas en una pequeña ciudad del Sur la cual puede conducir a más violaciones de los derechos humanos e instigar el miedo en el país.
También se ha observado un cambio importante en la política internacional: Instituciones internacionales que criticaron las políticas de la administración han sido objeto de respuestas poco diplomáticas por parte del Presidente Duterte.
En vista de los espacios democráticos cada vez más restringidos en Filipinas, la atención y la presión de la comunidad internacional son de fundamental importancia para promover los derechos humanos y las libertades civiles, haciendo hincapié en los acuerdos los cuales fueron suscritos por Filipinas e incluyendo a los actores políticos en la búsqueda de soluciones constructivas.
