El 20 de mayo de 2014, el ejército estatal derrocó al gobierno de Tailandia, impuso la ley marcial en todo el país mediante un golpe militar exitoso dirigido por el General Prayuth Chan-ocha, proscribió la actividad política y reprimió enérgicamente la oposición pacífica a la ley marcial y las críticas a sus políticas.
A pesar del anuncio inicial de probables elecciones a fines de 2015, la junta militar se mantuvo en el poder y retrasó las elecciones por varios años, hasta principios de 2019.
El 6 de abril de 2017, la constitución redactada por el ejército y firmada por el rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn limitó el poder de los partidos políticos en caso de realizarse elecciones y aseguró la continuidad del control militar dando al ejército el poder de designar a todos los 250 miembros de la cámara alta del parlamento.
Se convocó a elecciones el 24 de marzo de 2019 en un marco sumamente desfavorable bajo la nueva constitución, manteniéndose la prohibición de realizar actividades políticas y la represión contra la oposición, con leyes que abarcan temas como la lesa majestad, los delitos informáticos y la seguridad informática.
A pesar de que los partidos de oposición ganaron más escaños, el primer ministro en ejercicio, el General Prayuth Chan-ocha, continuó aferrándose al poder. La primera elección en Tailandia en ocho años, anunciada como un retorno a la democracia en el país, se vio marcada por acusaciones de fraude sistemático, irregularidades de voto, resoluciones cuestionables de la comisión electoral designada por el ejército y el prolongado retraso en anunciar el recuento final y la fórmula para calcular la asignación de escaños.
Los 81 escaños obtenidos por el Partido Futuro Adelante (Future Forward Party – FWP), junto con el mandato logrado por otros partidos partidarios de la democracia, son una muestra del apoyo de los ciudadanos tailandeses al retorno de la democracia al país.
Pero la situación en Tailandia después de las elecciones no muestra un retorno a una democracia real, la protección de los derechos humanos, un estado de derecho justificado o una situación de estabilidad, sino la continuación de la represión de la democracia y las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye los casos de amenazas y agresión física contra los activistas pro-transparencia Sirawith Seritiwat (Ja New) y Ekachai Hongkangwan; el caso de la desaparición de los activistas Chucheep Chivasut, Siam Theerawut y Kritsana Thapthai; el caso de Anurak Jeantawanich (Ford), a quien se acusó en el marco de la controvertida ley de delitos informáticos, por haber criticado a la junta militar mediante publicaciones en los medios sociales el 10 de febrero de 2019; el caso de varios integrantes del FWP, el líder Thanathorn Juangroongruangkit, el Secretario General Piyabutr Saengkanokkul y la portavoz Pannika Wanich, acusados de varios cargos, lo que demuestran el acoso y la intimidación de la oposición política.
Existe un caso pendiente contra el líder del FWP Thanathorn para retirarle de forma permanente su calidad de miembro del parlamento. De forma similar, los cargos presentados contra el FWP por haber desafiado al gobierno militar en las elecciones apuntan a lograr la disolución del partido.
El caso de Tailandia es una muestra clara de la reducción de espacios cívicos y políticos, la intensificación de la represión de las fuerzas democráticas y las violaciones continuas de los derechos humanos que sufren varios países de Asia, especialmente Tailandia, Filipinas, Camboya y Myanmar.
La Alianza Progresista y la Red de la Socialdemocracia en Asia (SocDem Asia), afirman que para implementar la democracia y el socialismo hace falta no solo reformar el Estado sino también integrar los derechos humanos y la democracia en la vida diaria a través de una sociedad civil vibrante y una ciudadanía comprometida.
La Alianza Progresista y SocDem Asia desean exponer públicamente a los regímenes que amenazan la democracia y los derechos humanos en la región. Denunciamos a la opinión pública las violaciones contra activistas y la represión de la oposición en Tailandia.
La Alianza Progresista y SocDem Asia trabajan en conjunto con sus partidos miembros en la región y con organizaciones hermanas de todo el mundo para combatir el populismo y el autoritarismo que amenazan la democracia y los derechos humanos.
La Alianza Progresista y SocDem Asia expresan su solidaridad con el Partido Futuro Adelante (FWP) y con las fuerzas democráticas y los activistas de derechos humanos de Tailandia.
