BERLÍN/BANGKOK — La Alianza Progresista, que representa a una red global de más de 140 partidos y organizaciones políticas progresistas, expresa su más profunda preocupación ante un inminente desarrollo judicial que amenaza con silenciar permanentemente a una parte significativa de la oposición democrática de Tailandia.
En los próximos días, se espera que la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC) remita formalmente a 44 exdiputados y diputados en activo al Tribunal Supremo, un movimiento que podría desencadenar la suspensión inmediata de 10 diputados en activo del Partido Popular (PP) y exponer a los 44 individuos a una prohibición vitalicia de ejercer la política. Esto ocurre menos de dos meses después de que el Partido Popular, la principal fuerza de oposición progresista de Tailandia, compitiera en las elecciones generales del 8 de febrero.
El caso tiene su origen en una propuesta legislativa de 2021 para enmendar el artículo 112 del Código Penal — la ley de lesa majestad — presentada a través de procedimientos parlamentarios constitucionalmente legítimos. La propuesta no pretendía abolir la ley ni socavar la monarquía, sino hacer que sus penas fueran proporcionales y humanas: en virtud de la disposición vigente, cualquier condena conlleva una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, sin discrecionalidad judicial para imponer una pena menor, independientemente de la gravedad del presunto delito. La enmienda propuesta buscaba adecuar este marco de sentencias a las normas internacionales de derechos humanos, incluido el principio de proporcionalidad consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado que Tailandia ha ratificado.
La Alianza Progresista adoptó una Resolución sobre este asunto en su reunión del Consejo en Buenos Aires en septiembre de 2025, y la situación se ha deteriorado marcadamente desde entonces.
La Alianza Progresista desea hacer constar lo siguiente:
La criminalización del trabajo legislativo es incompatible con la democracia. Un principio fundamental de cualquier sistema parlamentario es que los representantes electos deben ser libres de proponer, debatir y revisar la legislación sin temor a ser procesados penalmente o excluidos de la vida política de por vida. Clasificar una moción legislativa formal, presentada a través de los cauces parlamentarios pertinentes, como una «violación ética grave» no solo castiga a personas concretas: establece un precedente que coloca categorías enteras del debate legislativo fuera del alcance del escrutinio democrático.
Estos procedimientos privan de representación a millones de personas. Los 44 individuos señalados representan a partidos que, en conjunto, han recibido el apoyo de decenas de millones de votantes tailandeses en sucesivas elecciones. La suspensión inmediata de los diputados en activo una vez que el tribunal acepte el caso, y la perspectiva de prohibiciones vitalicias, privaría a los electores de sus representantes elegidos y vaciaría de significado la participación electoral.
Esto es un patrón, no un incidente aislado. La disolución del Partido Future Forward en febrero de 2020 — predecesor progresista de Move Forward, disuelto por orden judicial apenas meses después de obtener 81 escaños en las elecciones generales de 2019 — estableció el modelo. La disolución del Partido Move Forward en agosto de 2024, que había obtenido el mayor número de escaños de cualquier partido en las elecciones generales de 2023 con más de 14 millones de votos, siguió el mismo guion. A esto se suma la prohibición política de diez años impuesta a toda la dirigencia de Move Forward, y ahora esta remisión de 44 diputados al Tribunal Supremo por el ejercicio de sus funciones legislativas. El patrón es innegable. En el transcurso de cinco años, cada gran fuerza política progresista en Tailandia ha sido desmantelada no en las urnas, donde los votantes han optado repetidamente por ellas, sino a través de mecanismos legales manejados por instituciones no elegidas. La comunidad internacional debe reconocer este patrón por lo que es: la exclusión sistemática y estructural de la política progresista de la vida pública tailandesa.
Las obligaciones internacionales deben cumplirse. Tailandia es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y del PIDCP. Los artículos 19 y 25 del PIDCP garantizan la libertad de expresión y el derecho a la participación política. Instamos a todas las instituciones tailandesas — judiciales, legislativas y ejecutivas — a garantizar que los procedimientos en curso se ajusten plenamente a estas normas internacionales vinculantes.
La estabilidad regional exige una respuesta regional. Instamos a la ASEAN a comprometerse de manera constructiva con las autoridades tailandesas para defender los valores democráticos y proteger el pluralismo político. Como uno de los miembros fundadores de la ASEAN y hub geoeconómico y geopolítico de primer orden, el retroceso democrático de Tailandia sienta un peligroso precedente que podría envalentonar a actores autoritarios en toda la región, fomentar mayores restricciones a las libertades civiles en los países vecinos y erosionar la credibilidad de la ASEAN en la defensa de sus principios declarados sobre democracia, derechos humanos y gobernanza inclusiva.
La Alianza Progresista expresa su solidaridad inquebrantable con el Partido Popular y con todas las personas en Tailandia que defienden el espacio democrático por medios pacíficos y legales.
Instamos a la NACC, al Tribunal Supremo y a todas las autoridades tailandesas pertinentes a respetar el debido proceso, garantizar la plena independencia judicial y reconocer que la exclusión permanente de líderes políticos de la vida pública — por el ejercicio de sus funciones parlamentarias — es incompatible con el Estado de derecho.
Seguimos de cerca los desarrollos en Tailandia en los próximos días y estamos preparados para plantear la situación democrática del país en foros bilaterales y multilaterales.
La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos. Instamos a las autoridades tailandesas a respetar y proteger los derechos a la protesta pacífica y a la participación política, y reafirmamos que la participación política de jóvenes y mujeres es parte integral de la construcción de un sistema genuinamente inclusivo y democrático.
La democracia pertenece al pueblo. La Alianza Progresista no permanecerá en silencio ante los intentos de desmantelar las instituciones democráticas.
