En el marco de una profunda crisis civilizatoria, la humanidad vive las contradicciones de un capitalismo cada vez más global y deshumanizado, que niega la posibilidad de vivir dignamente a millones de seres humanos, y amenaza la convivencia y la paz a escala global.
Es en este contexto de incertidumbres que la derecha más reaccionaria y conservadora encuentra campo fértil para desmontar los avances conquistados por las luchas de la izquierda social y política.
Es por ello que las fuerzas socialistas y progresistas debemos asumir sin dilaciones la responsabilidad de defender las transformaciones alcanzadas en la región, haciéndolo con la convicción de que solo mediante la continua revisión, evaluación, y autocrítica de nuestros procesos se asegura el respaldo popular en tiempos de inestabilidades políticas, económicas y sociales.
La actividad política debe estar enmarcada en criterios éticos y basada en una concepción del poder como instrumento de creación de una sociedad justa y democrática, que rechaza la noción del poder por el poder mismo.
El acceso a los cargos públicos no puede ser objeto de intereses parciales o personales, ni es un privilegio. Es un servicio a los ciudadanos a los que se representa o gobierna y debe ejercerse con la mayor austeridad, responsabilidad y lealtad para con los representados.
Debemos reconocer que nunca serán suficientes los esfuerzos por impedir que acciones aisladas guiadas por el interés egoísta, inevitablemente manchen nuestras estructuras y nuestra ética colectiva. Pero sí podemos comprometernos a trabajar para que nuestra respuesta frente a tales actos esté siempre a la altura de lo que nuestras sociedades esperan, y ello se hace asumiendo las responsabilidades colectivamente y aplicando todos los mecanismos disponibles sobre quienes sean responsables de dichos actos.
Nuestras organizaciones deben liderar la lucha por la transparencia y esto exige analizar sistemáticamente tanto los aciertos como los errores cometidos, sin margen para las excusas. Debemos ser implacables: ser vacilantes o tener doble moral nos deslegitima y nos condena. La derecha lo sabe, y por eso utiliza cualquier error o la tergiversación para acusar a nuestros gobiernos. No lo debemos permitir ni debemos dar margen a la mínima duda. Nuestra conducta en la función pública debe apegarse estrictamente a los valores que defendemos y a los intereses de las mayorías sociales.
La honestidad ha sido históricamente una seña de identidad de nuestro accionar como actores políticos pero también como individuos, determinando nuestras relaciones humanas, nuestra ética, y nuestro compromiso por avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, transformando la realidad desde lo cotidiano.
Por todo ello, no podemos permitirnos ceder ante los intentos de la derecha por instaurar en el imaginario colectivo la idea de que todo es lo mismo, de que no existen derechas e izquierdas, sino partidos políticos que actúan como corporaciones en función de sus intereses particulares.
Hacerlo, significaría renunciar a una de nuestras históricas banderas.
