La situación en Brasil es muy alarmante. La democracia y el estado de derecho están bajo una creciente presión y están cada vez más en riesgo. El espacio político para el diálogo y el entendimiento está siendo restringido por una atmósfera de intolerancia, odio y gestos amenazantes. El llamado público de ciudadanos para la intervención militar es un signo alarmante de la extensión de la amenaza al orden democrático en Brasil.
Condenamos enérgicamente el asesinato de la política local Marielle Franco, el tiroteo en la caravana del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y las amenazas veladas o explícitas de los círculos militares contra las instituciones democráticas independientes como intentos de socavar a la comunidad democrática.
En este clima de intolerancia y amenazas, el Tribunal Supremo Federal de Brasil ha rechazado una apelación de Lula da Silva, negándole la oportunidad de defenderse en libertad hasta agotar todos los recursos legales contra su polémica condena. Esto no hace más que confirmar una acusación y una sentencia carente de pruebas, que pone en cuestión el Estado de Derecho en Brasil. Estas acciones son continuidad del proceso llevado adelante contra la Presidenta Dilma Rousseff, para alejar al Partido de los Trabajadores del Gobierno de Brasil y para impedir la candidatura presidencial de Lula da Silva de cara a las elecciones del próximo mes de octubre.
Como presidente, Lula da Silva ha hecho una gran contribución a la democracia y el estado de derecho en Brasil. Los programas sociales implementados durante su mandato han sacado a millones de brasileños del hambre, la pobreza y de las precarias condiciones en las que vivían. Lula se ha convertido en una referencia internacional para el progreso social y democrático. Si estos méritos no lo ponen por encima de la ley, su popularidad tampoco lo pone por debajo. Lula es inocente hasta que se prueba lo contrario según lo dispuesto en la Constitución brasileña y tiene derecho a un juicio justo.
Por todo esto, llamamos a poner fin a la influencia indebida en los procedimientos legales y judiciales, y demandamos otorgar al ex presidente Lula da Silva las mayores garantías en el cumplimiento de sus derechos civiles fundamentales. Todos y todas iguales ante la ley.