Resolución de Rabat – Justicia social e igualdad de oportunidades para todos

1. La justicia social en vez de la desigualdad creciente  

Las convulsiones políticas que tuvieron lugar en el mundo árabe desde finales de 2010 están estrechamente ligadas a la esperanza de un crecimiento económico, la creación de empleos y una mayor justicia social. La situación social y económica difícil de gran parte de la población en la región árabe así como la voluntad de superar las estructuras autocráticas y antidemocráticas vetustas han sido motores importantes para los movimientos de protesta en numerosos países. Los hombres y mujeres que se manifestaron resumieron todos estos criterios en sus gritos que reclamaban “Pan y dignidad”. En muchos países de Medio Oriente y del Norte de África surgieron nuevas posibilidades de participación política para grupos de la sociedad que antes estaban marginalizados. Sobre todo los jóvenes y entre ellos muchas mujeres asumieron papeles importantes como iniciadores y organizadores de un fuerte compromiso cívico y político.

No obstante, la mayoría de los países del Magreb y del Mashreq continúa basándose en un modelo de economía y de desarrollo neoliberal. Un crecimiento económico débil acompañado de un crecimiento demográfico elevado, una fuerte dependencia del petróleo y del gas, así como una escasa productividad debida a una tasa de industrialización baja son las características de esta región que van aparejadas además por una tasa de desempleo elevado y salarios bajos. Y no sólo ocurre en esta región que ese mismo modelo neoliberal a menudo está unido a estructuras sociales tradicionales que ejercen un efecto negativo sobre la posición de la mujer en estas sociedades.

La fuerte desigualdad en el seno de la sociedad tiene una influencia negativa tanto a nivel político como económico en el desarrollo de los respectivos países. Hoy en día, los sistemas de protección social son insuficientes en numerosos países y necesitan reformas urgentes; el porcentaje de los empleos formales está disminuyendo. Al mismo tiempo, el sector informal donde no hay ni protección ni cobertura social aumenta rápidamente. Como las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos de bajos ingresos y en el sector informal, se encuentran entre las personas más afectadas. La esperanza de un ascenso social gracias a la educación se ve a menudo frustrada como lo prueba la tasa de paro elevada entre los universitarios ya que los mercados laborales en esta región ofrecen muy pocas perspectivas de empleo para los jóvenes altamente cualificados. No se consigue frenar el éxodo de cerebros que dura ya varias décadas. Los jóvenes apenas tienen perspectivas de futuro en su propio país.

A fecha de hoy, la situación social y económica no ha cambiado mucho desde que se iniciaran las convulsiones. Para contrarrestar esa necesidad urgente de reformas los gobiernos no han propuesto nada más que la vaga esperanza de alcanzar “el efecto de filtración hacia abajo” (trickle down) mediante políticas económicas neoliberales que sigue todavía sin realizarse. Es necesario estructurar nuestra economías de tal manera que se fomente un enfoque de abajo hacia arriba, con un crecimiento inclusivo, en vez de un enfoque de arriba hacia abajo.

Los progresistas, los socialdemócratas y los socialistas ya no son los únicos que actualmente advierten de los impactos negativos de una creciente desigualdad social. “La desigualdad creciente puede dañar el crecimiento económico y los lazos sociales y puede engendrar igualmente inestabilidad política”, advertía recientemente Christine Lagarde, la Directora General del Fondo Monetario Internacional. Para los autores del Informe mundial de los riesgos de 2014, publicado por el Foro Económico Mundial, la brecha cada vez mayor entre los pobres y los ricos es el mayor peligro para la economía mundial. Según el informe, de todos los posibles riesgos, la creciente disparidad de ingresos será el factor que con la mayor probabilidad causará “graves daños” a nivel internacional en la década que viene.

2. Una desigualdad global creciente

Con el triunfo del neoliberalismo patente desde los años 80 y la desregularización de los mercados financieros como consecuencia de ello, así como el fin de la competencia entre los sistemas después el hundimiento del bloque del Este y la globalización acelerada de los mercados de los bienes, las finanzas y del trabajo, la distribución de los ingresos y de las riquezas ha cambiado masivamente a lo largo de los últimos 25 a 35 años.

La injusticia social entre ricos y pobres queda demostrada por el hecho de que el 1 por ciento de la población mundial casi posee la mitad de los bienes en el mundo. Sin embargo, las mujeres sólo poseen el 1 por ciento de los bienes a nivel mundial. Estas cifras muestran claramente la injusticia social entre los géneros, es decir entre mujeres y hombres y entre chicas y chicos.

Medidas respecto al PIB medio per cápita, las diferencias de las rentas entre los países ricos y pobres han aumentado enormemente entre 1980 y 2000. Durante los últimos años, y gracias al fuerte crecimiento en algunos países emergentes y países en desarrollo, las diferencias de las rentas han experimentado una reducción primero relativa y desde 2007 también de manera absoluta. En cambio, las diferencias entre las rentas han aumentado enormemente y siguen aumentando en la mayoría de los países.

Numerosos países, particularmente en Asia, empiezan a alcanzar los antiguos países industrializados. Pero allí también son en primer lugar las élites, el diez por ciento de la parte superior de la tabla y, de manera moderada, una nueva clase media que se ven beneficiadas. El 40% que representa la parte inferior de la tabla en la escala de las rentas no experimenta prácticamente ninguna mejora. Es por esta razón que la desigualdad global, que es una combinación de la desigualdad entre los países y la desigualdad dentro de un solo país, sigue creciendo. Se estima que la quinta parte más rica de la población mundial gana unas 50 veces más que la quinta parte más pobre.

• La desigualdad creciente entre las rentas dentro de los países es el resultado de tres tendencias interconectadas entre sí.

En primer lugar, la distribución funcional de los ingresos entre salarios y beneficio, entre ingresos provenientes del trabajo y de los capitales, ha evolucionado en todo el mundo a favor de los beneficios. Este fenómeno conlleva una concentración progresiva de las riquezas y una reducción de la clase media.

Simultáneamente, la diferencia respecto a los ingresos profesionales ha aumentado de manera drástica en algunos sectores, especialmente si se trata de los salarios a nivel directivo. En muchos lugares ya no existe ningún vínculo entre el crecimiento económico y la prosperidad material de la mayor parte de la población. Así, por ejemplo, actualmente en los Estados Unidos, el 95% de  todos los aumentos de ingresos que se dieron desde 2009 se atribuyen al 1% más rico de toda la población. Igualmente, en otros países notamos actualmente tendencias similares a las norteamericanas, es decir, que hay una concentración de los beneficios del crecimiento económico en una pequeña capa de personas ricas y extremadamente ricas.

Y finalmente, la política fiscal y la política de las prestaciones sociales corrigen mucho menos el reparto personal de los ingresos que en el pasado. En numerosos estados, la progresión fiscal se ha reducido considerablemente a lo largo de las últimas décadas. Globalmente, entre 1990 y 2012, las disparidades entre los ingresos disponibles en un total de 65 de los 130 países, en los cuales existen datos relevantes, han aumentado. Aunque este aumento sólo ocurre en la mitad de los países examinados, se trata precisamente de los países que representan dos terceras partes de la población mundial.

• Entre las regiones dónde la tendencia hacia una mayor desigualdad entre las rentas se ha conseguido disminuir se encuentra América Latina. Aunque América Latina y el Caribe siguen siendo junto con África las regiones que presentan la mayor desigualdad en materia de renta, conviene subrayar que entre 1990 y 2012, en 14 de los 20 países de América Latina dónde se dispone de datos, el coeficiente de Gini, es decir, la concentración de la distribución de las rentas, ha bajado.

En los lugares donde la distribución de las rentas por persona ha mejorado, encontramos una explicación que se resume principalmente en tres factores: la ampliación y la mejora de la calidad de la educación secundaria y las políticas públicas activas de salario mínimo, que han propiciado conjuntamente una reducción de las desigualdades a nivel de los ingresos profesionales, así como los nuevos programas de prestaciones públicas a favor de los más desfavorecidos que han permitido mejorar la distribución de las rentas por persona en la parte inferior de la tabla de los ingresos.

• Les riquezas se reparten de manera aún más desigual que las rentas. La riqueza del mundo se divide en dos mitades: casi la mitad de las riquezas del mundo pertenece al 1% por ciento de las personas más ricas, la otra mitad queda repartida en los 99% restantes. Por el otro lado, la mitad más pobre de la población mundial posee menos riquezas que las 80 personas más ricas del mundo (Oxfam). Probablemente, la concentración real de la riqueza es en realidad aún más flagrante.

En el marco de la globalización, se han creado numerosas oportunidades de evasión de impuestos y de fraude fiscal mediante la introducción de precios de transferencias en el seno de los grupos transnacionales, la liberalización de la circulación de capitales y la tolerancia hacia los paraísos fiscales. Una parte importante de la riqueza de los ricos permanece hoy en día oculta en los paraísos fiscales. Se estima que unos 18,5 mil millones de dólares americanos permanecen depositados en estas estructuras opacas sin estar sujetos a impuestos.

• Los empleos, los ingresos y las condiciones de trabajo de las mujeres aún no son iguales a los de los hombres. De acuerdo con la OIT la tasa de participación de la fuerza laboral femenina es del 50% a nivel global, comparado con un 77% en el caso de los hombres. A nivel mundial, las mujeres ganan aproximadamente un 77% de lo que ganan los hombres y siguen siendo las responsables principales de las labores en el hogar y la familia. Mientras un 51% de los Estados miembros de la OIT ofrecen por lo menos 14 semanas de permiso de maternidad, millones de mujeres no gozan de ningún derecho básico a una protección por maternidad adecuada. Una parte sustancial de las trabajadoras en el mundo sigue estando marginalizada y son demasiadas las mujeres que se encuentran expuestas a violencia y discriminación.

3. Enfoques políticos para la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos

• Un sistema democrático bien desarrollado con libertad política, libre expresión de opinión, libertad de prensa y el Estado de derecho es el fundamento para alcanzar un desarrollo económico, justicia social e igualdad de oportunidades para todos.
• Los salarios mínimos son un elemento central para disminuir la diferencia entre los ingresos por la parte baja de la tabla. Existen diferentes modelos para determinar los límites mínimos de los salarios y los ámbitos en los cuales dichos límites se pueden aplicar. Las experiencias en el mundo entero han demostrado que los salarios mínimos son un elemento decisivo para permitir aumentar los ingresos del mercado especialmente para las clases más pobres de la sociedad.
• La fuerza y el papel de los sindicatos han tenido una gran influencia sobre la estructura de los salarios y las remuneraciones respectivas. El poder de organización y de negociación de los sindicatos permite sustituir el poder del mercado que falta a los asalariados, a veces en combinación con regulaciones públicas tales como declaraciones de aplicación general para los convenios colectivos negociados por los sindicatos y la patronal. Los sindicatos son para nosotros el socio central para luchar contra los empleos informales y atípicos y actuar en defensa de un trabajo decente. Es por ello que nosotros, en calidad de partidos progresistas, deseamos continuar desarrollando nuestras alianzas con los sindicatos. Igualmente, en otras economías menos industrializadas en países en desarrollo donde no existan sindicatos, pueden ser las organizaciones pequeñas o ineficaces de la sociedad civil las que luchan contra la desigualdad, la discriminación con respecto a los salarios, las condiciones de trabajo indecentes, el trabajo infantil etc., y con las que los partidos progresistas deberían estrechar la mano y apoyar las acciones de estas ONG.
• Los sindicatos potentes pueden también contribuir a establecer una política salarial centrada en la productividad que tome en cuenta dicha productividad y la tasa de inflación. Necesitamos esa política salarial para que la distribución de las rentas no se haga en detrimento de la tasa salarial y que la demanda global corresponda al aumento de la producción.
• En la parte superior de la tabla de las rentas, los salarios exagerados e indecentes de los directivos y de los banqueros deben ser limitados. Se trata de establecer un límite a todos los salarios, incluidas las indemnizaciones por despido y pensiones de jubilación convenidas, el pago de primas sobre supuestos beneficios con varios años de retraso y poder recuperarlos en caso de pérdidas posteriores. Estas exigencias emergen frecuentemente en el transcurso de crisis financieras y en el marco de programas de rescate que se elevan a varios miles de millones de dólares o euros. Es nuestro deber asegurar que estas exigencias realmente se cumplan.
• La redistribución por las autoridades estatales a favor de las clases más desfavorecidas mediante una protección social mínima, como con el programa “Bolsa Familia” que ha practicado con éxito Brasil y que es una ayuda sometida a determinadas condiciones, es otro elemento importante para obtener más igualdad. El Piso de Protección Social elaborado por la Conferencia Internacional del Trabajo prevé una garantía de atención sanitaria esencial y define los principios generales de una protección social mínima que debe servir de directriz para la política progresista.
• Es precisamente en los momentos de crisis que los programas nacionales para el empleo, además de empleos a corto plazo, las cuentas de tiempo de trabajo y una protección razonable contra el despido pueden contribuir directamente o indirectamente a una mejora de la situación de las rentas en la parte inferior de la tabla, gracias a los ingresos y los empleos generados de esta manera. Estas oportunidades deben utilizarse más ampliamente con el fin de proteger mejor, y particularmente, a los grupos más desfavorecidos que son los más vulnerables en los tiempos de crisis.
• La base de la redistribución nacional es el sistema fiscal. Pero no todos los sistemas fiscales son progresistas y cobran los impuestos en función de la situación financiera de las personas, de tal manera que se exige que los que más ganan paguen más impuestos que los que ganen menos. Es sobre todo, pero no únicamente, en los países en desarrollo, dónde los ingresos fiscales provienen, a menudo, en mayor parte de los impuestos indirectos, es decir, de impuestos sobre productos de consumo específicos o de impuestos de aduana, que las capas más pobres de la población, que consumen la mayor parte de sus ingresos, asumen cargas más elevadas que los ricos. Es por ello, que nos comprometemos a luchar a favor de un sistema fiscal progresivo en los dos sentidos del término: un sistema fiscal basado esencialmente en impuestos directos, tales como impuestos sobre la renta y de sociedades, y que deben estructurarse respectivamente de manera progresiva. De manera simultánea, los ingresos más bajos deben quedar exentos de la obligación fiscal mediante tipos impositivos reducidos generosos. Igualmente, las rentas de capital deben gravarse de la misma manera que las rentas por trabajo por las que actualmente se pagan impuestos bastante más elevados.
• Las transacciones financieras figuran entre las pocas transacciones económicas que quedan totalmente o mayoritariamente exoneradas de cualquier impuesto en la mayoría de los países. Se trata pues en este caso de colmar una laguna y establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, también por su efecto de estabilización de los mercados financieros.
• La lucha por la igualdad de género es una parte sustancial de la lucha contra la desigualdad. Por lo tanto queremos aumentar la sensibilización frente a los problemas que persisten sin evitar hablar de tabúes. Esto también significa tomar medidas para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y refortalecer su posición a través de salarios iguales. Todavía es insuficiente la cantidad de mujeres que ocupa posiciones ejecutivas en las empresas, en el mercado laboral o en el ámbito político. Para fomentar y alentar un cambio de esta situación el apoyo y la cooperación de los hombres es un valor innegable. Los esfuerzos para alcanzar una participación máxima de mujeres en posiciones directivas son una prioridad para nosotros. Apoyamos la idea de cuotas de género como un instrumento intermedio para aumentar la representación política y económica de las mujeres como un paso sustancial hacia la igualdad con el objetivo de alcanzar una democracia basada en la igualdad de género. Además, la lucha contra la discriminación y los abusos, y garantizar el acceso universal a servicios públicos asequibles y de alta calidad en los sectores de salud, educación y cuidado de los niños son condiciones imprescindibles para alcanzar igualdad entre hombres y mujeres.
• La lucha contra las desigualdades debe trasladarse igualmente a nivel internacional. Especialmente la lucha contra la evasión fiscal, la transferencia de los beneficios de los grupos internacionales, así como la eliminación de los paraísos fiscales, puede únicamente hacerse en el marco de una cooperación internacional. Los principales países emergentes y en desarrollo deben finalmente encontrar los correspondientes acuerdos comunes en el marco de la OCDE y del G20. El comercio internacional también es un instrumento para promover trabajo decente y luchar contra la desigualdad en el mundo. Acuerdos comerciales pueden y deben utilizarse más para mejorar las condiciones laborales y sociales. Las organizaciones de la sociedad civil que funcionan como guardianes para detectar abusos merecen nuestro pleno apoyo. Además, empresas que incumplen las reglas deberán ser identificadas y reclamadas con sus nombres y quedar excluidas de programas estatales.
• Asimismo, acogemos con satisfacción el hecho de que la lucha contra las desigualdades en el seno de la sociedad haya sido por fin integrada en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

4. Justicia social e igualdad de oportunidades para todos

La brecha entre las rentas y las riquezas, tal y como se observa hoy en día, representa un problema urgente para alcanzar justicia entre los países y dentro de los países. Mientras tanto, la desigualdad creciente sobrepasa en mucho lo que la mayoría de las personas en numerosas sociedades considera como algo apropiado o justo. La dimensión que puede alcanzar una distribución desigual para ser aceptada por la sociedad varía. Las sociedades actuales están a leguas del concepto antiguo del filósofo Platón según el cual una sociedad justa se distingue por el hecho de que los ricos poseen como máximo cuatro veces más que los más pobres.

Pero una distribución fuertemente desigual de las rentas y de las riquezas también tiene repercusiones económicas, sociales y políticas muy concretas:

• La desigualdad es un riesgo para la prosperidad económica, siendo el origen de varias consecuencias sociales negativas.
• La desigualdad consolida las relaciones de poder desiguales y las oportunidades sociales en el seno de la sociedad, impidiendo por consiguiente la movilidad social e intergeneracional, consolidando la desigualdad persistente entre hombres y mujeres, y haciendo más difícil la lucha contra la pobreza.
• La desigualdad compromete la paz social, la estabilidad política y socava profundamente la democracia. Incluso en las democracias supuestamente consolidadas, una creciente desigualdad material contribuye al predominio de las élites financieras en los procesos políticos de las tomas de decisiones; la soberanía del pueblo se transforma de este modo, poco a poco, en la soberanía del dinero.

Defendemos una política a favor de la justicia social y de la igualdad de oportunidades para todos.