Nosotros, la Alianza Progresista, habiendo apoyado siempre la revolución tunecina por la dignidad y contra la dictadura, así como el proceso democrático que le siguió, seguimos observando la experiencia tunecina con gran interés y amistad por el pueblo tunecino y consideramos que su proceso democrático es susceptible, a pesar de las dificultades encontradas, de construir un modelo inspirador para otros pueblos.
También hemos seguido con gran atención y cautela los recientes acontecimientos en la escena política tunecina tras la destitución del jefe de gobierno por parte del presidente Kais Saied y la suspensión de las actividades de la Asamblea de Representantes del Pueblo, así como todas las medidas excepcionales adoptadas en el marco de la interpretación amplia del artículo 80 de la constitución tunecina por parte del presidente Saied, que trata del “peligro inminente”, porque nosotros, Alianza Progresista, evaluaríamos muy perjudicial para el futuro de un Túnez democrático y libre que las medidas emprendidas por el presidente se prolongaran más allá de los plazos razonables y legales.
En este contexto, nosotros, Alianza Progresista, somos conscientes de la complejidad del contexto tunecino y de la decepción de los ciudadanos ante los fracasos del gobierno destituido, especialmente en su gestión de la crisis sanitaria y de la muy tensa situación económica y social. También somos conscientes del desencanto de la población ante una clase política en el poder en crisis aguda y permanente desde la ca da del gobierno de Fakhfakh, una clase gobernante que se percibe totalmente desconectada de las preocupaciones de la población.
Sin embargo, creemos que los recientes acontecimientos, aunque apoyados por una gran parte de la población, llaman a la cautela en cuanto a:
– la preservación de la paz civil, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho de expresión, los derechos de los partidos políticos y los derechos de los ciudadanos a participar libremente en la vida política
– la rápida reanudación del proceso democrático y el restablecimiento del Estado de Derecho, las instituciones y la separación de poderes lo antes posible, para garantizar la estabilidad del Estado tunecino.
