Conforme a sus llamamientos efectuados previamente al presidente filipino Rodrigo Duterte de repensar la guerra contra las drogas y reafirmando su compromiso inquebrantable con los derechos humanos y los valores socialdemócratas y socialistas de libertad, justicia y solidaridad, y observando con alarma nuevas evidencias de deterioro de la democracia, como el retiro unilateral de las Filipinas de la Corte Penal Internacional y la destitución de la presidenta del Tribunal Supremo, considerada como crítica del presidente filipino, la Alianza Progresista exhorta al gobierno filipino a:
- reconsiderar la decisión de retirarse en forma unilateral de la Corte Penal Internacional, no solo porque dicho retiro no tendrá efecto sobre la jurisdicción de la Corte para investigar al presidente Duterte por actos cometidos durante el período en que el país fue miembro de la Corte, sino porque la Corte Penal Internacional es un producto y un pilar del compromiso de la comunidad de naciones con los derechos humanos, las leyes humanitarias y la justicia transicional;
- asegurar que los procesos nacionales instaurados para investigar crímenes atroces sigan siendo creíbles y efectivos, entre ellos, una Comisión de Derechos Humanos y un Ombudsman Independiente capacitados y bien financiados;
- inculcar en los miembros del sector de la seguridad el espíritu de los derechos humanos, asegurar que las investigaciones y las penas aplicadas a transgresores integrantes de la policía y el ejército desincentiven en forma suficiente las atrocidades, y en particular, anular las promociones lucrativas otorgadas a los policías implicados en la muerte de Kian de los Santos, un muchacho de 17 años, durante las operaciones contra las drogas;
- comprometerse a mantener el estado de derecho y un poder judicial independiente, en especial un Tribunal Supremo imparcial que no se limite a estampar un sello de aprobación a las acciones del poder ejecutivo, sino que funcione como una herramienta de control efectiva contra las extralimitaciones de dicho poder ejecutivo y los grandes abusos de los derechos humanos;
- crear un ambiente que favorezca el debate y la libertad de expresión en vez de reprimir el disenso, y garantizar que los críticos del gobierno no deban pagar con sus vidas o su libertad.
