La Alianza Progresista, una asociación de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas, organizaciones y redes políticas en todo el mundo vuelve a declarar su preocupación por la escalada de la situación en las Filipinas que pone en peligro la lucha de muchas décadas por la democracia y los derechos humanos.
En primer lugar, los asesinatos extrajudiciales que son el resultado de una campaña gubernamental contra personas supuestamente vinculadas a las drogas acaban por impedir la aplicación del principio de presunción de inocencia y de igualdad de protección ante la ley. La actual campaña del gobierno contra las drogas se ha convertido en una auténtica caza de brujas dirigida sobre todo contra personas pobres que no tienen los medios para pagar una defensa legal. Más de 8 000 cuerpos, a menudo envueltos en cinta de embalaje aparecieron en las calles de Manila como víctimas de ejecuciones arbitrarias que siguen sin ser esclarecidas hasta el día de hoy.
También observamos con preocupación la última respuesta del gobierno de Duterte a las personas que se oponen a estas ejecuciones como pasó en el caso de la senadora Leila de Lima quien fue encarcelada y del anuncio del gobierno de querer restablecer el derecho de guerra. Mujeres líderes de la oposición como Leila de Lima, Leni Robredo y Risa Hontiveros fueron sometidas a campañas online bien organizadas de acoso, intimidación y hostigamiento misógino.
El gobierno filipino se ha aferrado a un camino de muerte y violencia con sus medidas legislativas prioritarias. La casa de representantes ha aprobado recientemente una ley para reinstalar la pena de muerte a través de inyecciones letales, ejecución en la horca o por pelotones de fusilamiento. También intenta impulsar un proyecto de ley para rebajar la edad mínima de responsabilidad criminal de actualmente 15 a una edad escandalosa de 9 años. Ambas medidas son de carácter retrógrada, salvaje, cruel y violento y por lo tanto no se deberían aceptar en las sociedades de hoy.
Por lo tanto, la Alianza Progresista hace de nuevo un llamamiento al presidente filipino Rodrigo Duterte y su administración, exigiendo:
- el abandono de medidas legislativas para reinstalar la pena de muerte y para reducir la edad de responsabilidad criminal, con el fin de cumplir sus compromisos con varios instrumentos en el ámbito de los derechos humanos, como lo son, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño; demandamos que el gobierno se una al resto de la sociedad civilizada para avanzar reformas humanas destinadas a reforzar el sistema de justicia criminal, apoyar y proteger a las madres y sus hijos y que no equipare la venganza con la justicia.
- la renuncia a un lenguaje y declaraciones incendiarias que explícitamente condonen la ejecución de presuntos usuarios de drogas, traficantes y otros autores de delitos menores, y tachen de protectores de los barones de las drogas y sus cómplices a aquellos que se opongan a su campaña; demandamos que el gobierno deje de seducir a la opinión pública con la dictadura y la ley de guerra como soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales del país;
- el diseño y la implementación de políticas públicas de salud y de prevención dignas del ser humano y basadas en datos y hechos reales; cooperación con los diferentes actores para buscar una solución estratégica como medio para luchar contra el problema de las drogas en las Filipinas;
- una actuación rápida y una investigación rigurosa, justa y transparente de los casos de ejecuciones extrajudiciales y el procedimiento judicial contra los autores de estos crímenes, incluida la condena a reparación e indemnización de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales en una campaña que solamente se ha cobrado la vida de personas pobres y no necesariamente de los culpables.
La Alianza Progresista también hace un llamamiento a la comunidad global para seguir más de cerca los acontecimientos en esta democracia frágil y disputada de las Filipinas. Consideramos que ante la falta de acciones tangibles y decisivas por parte de las autoridades nacionales para terminar con estas prácticas antidemocráticas, las Naciones Unidas deberían investigar la situación en las Filipinas y elaborar recomendaciones acerca de cómo la comunidad internacional puede ayudar a sus ciudadanos.
La Alianza Progresista, en solidaridad con el pueblo filipino, y particularmente con su miembro, Akbayan (el Partido de Acción Ciudadana), mantendrá su firmeza para que los días oscuros de miedo, intimación, violencia y muerte sean vencidos por la vigilancia y el compromiso de ciudadanos activos.
