15 de noviembre de 2019
El 20 de mayo de 2014, fuerzas armadas del Estado derrocaron el gobierno de Tailandia, impusieron la ley marcial en todo el país tras un golpe militar dirigido por el General Prayuth Chan-ocha, proscribieron toda actividad política y, amparándose en la ley marcial, reprimieron a la oposición pacífica por criticar sus políticas.
A pesar del anuncio inicial de probables elecciones a fines de 2015, la junta militar se mantuvo en el poder y retrasó las elecciones por varios años, hasta principios de 2019.
El 6 de abril de 2017, la constitución redactada por las fuerzas militares limitó el poder de los partidos políticos en caso de realizarse elecciones y aseguró la continuidad del control militar dando al ejército el poder de designar a todos los 250 miembros de la cámara alta del parlamento.
Se convocó a elecciones el 24 de marzo de 2019 en un marco sumamente desfavorable bajo la nueva constitución, manteniéndose la prohibición de realizar actividades políticas y la represión contra la oposición, con leyes que abarcan temas como la hostilidad frente a la monarquía constitucional, los delitos informáticos y la seguridad cibernética.
A pesar de que los partidos de oposición ganaron más escaños, el primer ministro en ejercicio, el General Prayuth Chan-ocha, continuó aferrándose al poder. La elección en Tailandia tras ocho años, anunciada como un retorno a la democracia en el país, se vio marcada por acusaciones de fraude sistemático, irregularidades de voto, resoluciones cuestionables de la comisión electoral designada por los militares y el prolongado retraso en anunciar el recuento final y la fórmula para calcular la asignación de escaños.
Los 81 escaños obtenidos por el Partido Futuro Adelante (Future Forward Party – FWP), junto con el mandato logrado por otros partidos partidarios de la democracia, son una muestra del apoyo de los ciudadanos tailandeses al retorno de la democracia al país.
Pero la situación en Tailandia después de las elecciones no muestra un retorno a una democracia real, la protección de los derechos humanos, un estado de derecho justificado o una situación de estabilidad, sino la continuación de la represión de la democracia y las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye los casos de amenazas y agresión física contra los activistas pro-transparencia Sirawith Seritiwat (Ja New) y Ekachai Hongkangwan; el caso de la desaparición de los activistas Chucheep Chivasut, Siam Theerawut y Kritsana Thapthai; el caso de Anurak Jeantawanich (Ford), a quien se acusó en el marco de la controvertida ley de delitos informáticos, por haber criticado a la junta militar mediante publicaciones en los medios sociales el 10 de febrero de 2019; el caso de varios integrantes del FWP, el líder Thanathorn Juangroongruangkit, el Secretario General Piyabutr Saengkanokkul y la portavoz Pannika Wanich, acusados de varios cargos que demuestran el acoso y la intimidación de la oposición política.
Existe un caso pendiente contra el líder del FWP Thanathorn para retirarle de forma permanente su calidad de miembro del parlamento. De forma similar, los cargos presentados contra el FWP por haber desafiado al gobierno militar en las elecciones pretenden lograr una disolución del partido.
El caso de Tailandia es una muestra clara de la reducción de espacios cívicos y políticos, la intensificación de la represión de las fuerzas democráticas y las violaciones continuas de los derechos humanos que sufren varios países de Asia, especialmente Tailandia, Filipinas, Camboya y Myanmar.
- La Red de la Socialdemocracia en Asia (SocDem Asia) y la Alianza Progresista (PA) afirman que para implementar la democracia y el socialismo hace falta no solo reformar el Estado sino también integrar los derechos humanos y la democracia en la vida diaria a través de una sociedad civil vibrante y una ciudadanía comprometida.
- SocDem Asia y la Alianza Progresista exponen públicamente a regímenes que amenazan la democracia y los derechos humanos en la región. Denunciamos a la opinión pública las violaciones contra ciudadanos y activistas, así como la represión de la oposición en Tailandia.
- SocDem Asia y la Alianza Progresista trabajan en conjunto con sus partidos miembros en la región y con partidos y organizaciones hermanas de todo el mundo para combatir el populismo y el autoritarismo que amenazan la democracia y los derechos humanos.
- SocDem Asia y la Alianza Progresista expresan su solidaridad con el Partido Futuro Adelante (FWP) y con las fuerzas democráticas y los activistas de derechos humanos en Tailandia.
- SocDem Asia y la Alianza Progresista piden una moratoria inmediata de la pena capital en Tailandia con el fin de proceder a la abolición de la pena de muerte.
- SocDem Asia y la Alianza Progresista instan a las autoridades de Tailandia –un país que actualmente preside la ASEAN– a dar un ejemplo de liderazgo en materia derechos humanos y valores democráticos.
