Borrador Resolución Migración
12 de octubre de 2018
Migración y justicia social
La justicia social es uno de los pilares fundamentales para lograr una paz duradera y una coexistencia próspera. Cada persona deberá poder desarrollarse libremente, sin importar su nacionalidad, origen inmigrante, color de la piel, religión, discapacidad, género u orientación sexual. Pero no todas las personas en el mundo tienen las mismas oportunidades de vida y las riquezas no están ni remotamente repartidas de forma justa. El origen decide no solo sobre la perspectiva de vida, sino también sobre las posibilidades de movilidad. Es por ello que una futura migración segura, ordenada y regular debe ser además socialmente justa.
La globalización neoliberal ha producido más desigualdad
Las ocho personas más ricas del mundo poseen tanto como los 3.600 millones de personas más pobres, la mitad de la humanidad. El uno por ciento de la población mundial posee más que el 99 por ciento restante sumado. Las tendencias y estructuras que llevan a la desigualdad, al igual que sus consecuencias, son hoy por hoy más que evidentes: desregulación de los mercados laborales y financieros, concentración del patrimonio, acompañada de una mentalidad de enriquecerse cada vez más por parte de quienes ya gozan de muchos privilegios, sistemas fiscales indulgentes hacia el capital, incluso prácticas de elusión y evasión fiscal apenas sancionadas en el pasado, orientación extrema hacia la creación de valor para el accionista, disociación entre el crecimiento económico y el bienestar material, diferenciación progresiva del ingreso proveniente del trabajo y falta de oportunidades de educación. También en el norte global hay perdedoras y perdedores del neoliberalismo, cuyos ingresos se estancan, mientras que aquel uno por ciento se beneficia de forma obscena de los procesos de crecimiento mundial.
Pero la redistribución neoliberal de “abajo” hacia “arriba” ha producido perdedoras y perdedores de la globalización no sólo en el norte global. En muchos países del sur global las personas sufren las consecuencias de forma aún mucho más dura, ya que allí se han ensayado los métodos del liberalismo, en el marco de los llamados programas de ajuste estructural. Esa política, que apostó por la privatización y la limitación del gasto social produjo el empobrecimiento y el aumento de la inseguridad de las condiciones de vida. La privatización de la educación hace además que el acceso a una buena formación dependa del origen social o étnico, del lugar de residencia o de otros factores.
La migración laboral es un síntoma de desigualdad
La migración laboral es, no pocas veces, el síntoma de la desigualdad causada por la globalización neoliberal. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 150 de los 258 millones de migrantes internacionales son trabajadoras y trabajadores en búsqueda de posibilidades de lograr una vida mejor para sí y su familia. La mayoría de los migrantes transitan ese proceso de una forma segura y ordenada. Pero son precisamente las personas que tienen que dejar a sus familias para asegurar su existencia las que resultan con frecuencia explotadas y privadas de sus derechos humanos. De acuerdo con la OIT, en los últimos cinco años 89 millones de personas resultaron víctimas de una u otra forma de esclavitud moderna durante períodos que van de pocos días hasta cinco años. A eso se agrega que, para acceder a un trabajo, a menudo deben pagar altos montos a intermediarios, lo que los condena a la dependencia.
¡Asegurar una migración segura, ordenada y regular con justicia social!
Los seres humanos tienen derecho a poder permanecer donde está su hogar. Para eso es necesario proteger sus medios de sustento y sus derechos. La redistribución de abajo hacia arriba se debe invertir y es necesario cuestionar las relaciones de propiedad, dominación y hegemonía capitalistas. Es allí donde radica la causa fundamental de la destrucción de los recursos naturales vitales, que obliga a personas de todo el mundo a dejar sus países de origen. Una perspectiva de justicia social debe dirigir su atención a los privilegios que resultan de la pertenencia a determinadas regiones y grupos sociales y debe, al mismo tiempo, fomentar la solidaridad internacional con los perdedores y perdedoras de la globalización. Se deben combatir el racismo y el odio a los supuestamente ajenos.
Además del derecho a permanecer, también debemos defender el derecho a la libre circulación y la movilidad ya que la migración es la estrategia más antigua para reducir la pobreza y mejorar la situación de vida. Se necesita un cambio de perspectiva que acepte la migración como una estrategia de adaptación, que se centre en la mejora de la situación de vida y de trabajo de los migrantes y que se esfuerce por lograr una reforma de la política de migración mundial, en la cual también participen los países del sur global.
La migración, de hecho, no obstaculiza el desarrollo, sino que a menudo lo hace posible. Desde hace muchos años, la migración temporal es la forma de migración que más rápido crece y las transferencias de dinero de los trabajadores y trabajadoras migrantes a sus países de origen juegan un papel cada vez más importante. Esas transferencias no sólo ayudan a las familias de origen a combatir inmediatamente la pobreza, sino que abren además oportunidades de educación y de una mejora de la asistencia sanitaria. Los migrantes pueden además ser portadores de nuevos conocimientos y avances tecnológicos.
Al mismo tiempo, la migración puede promover la desigualdad y la fuga de cerebros. Precisamente por ser la migración un fenómeno complejo, es clave que en el futuro se establezcan regímenes de migración con la participación de los países del sur, a diferencia de la situación actual, en la que son principalmente los países del norte que definen qué se entiende por migración “deseada” y “no deseada”.
Los trabajadores y trabajadoras migrantes tienen derecho a un trato justo, al igual que todos los demás trabajadores. Esto es un elemento clave para la cohesión social y el desarrollo sostenible de las sociedades.
Una migración laboral justa y eficaz incluye oportunidades para las personas afectadas y sus familias, y también para los países receptores. Promueve el equilibrio entre oferta y demanda de trabajo y al mismo tiempo exige calificación, lo que da como resultado el aumento del nivel general de capacitación.
Los trabajadores migrantes pagan aportes a los sistemas de seguridad social y contribuyen al enriquecimiento social y cultural de las sociedades.
Una migración laboral bien organizada significa reglamentar los corredores de migración entre regiones y promover la cooperación entre Estados. El Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular constituye el marco para la cooperación. Las normas laborales internacionales, en especial los principios y derechos básicos en el trabajo, los convenios pertinentes de la OIT y las convenciones de la ONU aportan el fundamento. El Marco multilateral para las migraciones laborales y los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la OIT son instrumentos que los Estados deberían implementar con más rigor.
La estructuración de la movilidad mundial en el siglo XXI es una tarea de la comunidad de naciones y no se debe dejar a merced del libre juego de los mercados. El acceso a la movilidad se debe orientar hacia las necesidades de las personas y no solo hacia los intereses de las empresas.
Por tanto:
