Esta es la declaración de una delegación compuesta por siete
miembros de la Alianza Progresista (AP) y del Partido de los
Socialistas Europeos (PSE) que ha visitado Manila esta semana para
evaluar la situación y mostrar su solidaridad en apoyo a la
democracia en Filipinas.
La delegación estaba formada por: Konstantin Woinoff (Coordinador,
Alianza Progresista), Giacomo Filibeck (Vicesecretario General,
Partido de los Socialistas Europeos), Emilia Töyrä (Miembro del
Parlamento, Suecia), Thomas O. Melia (Vicesecretario Adjunto de
Estado para la Democracia y los Derechos Humanos de la
Administración de Barack Obama), Arne Lietz (Miembro del
Parlamento Europeo, Grupo de los Socialistas y los Demócratas, SPD),
Conny Reuter (Secretario General, SOLIDAR) y Ben Maxfield (Partido
Laborista Australiano). La delegación se reunió con los líderes políticos
de varios partidos y organizaciones civiles y visitó las comunidades en
Caloocan y Navotas.
Nosotros, los siete miembros de la misión de derechos humanos de la
Alianza Progresista (AP) y del Partido de los Socialistas Europeos
(PSE), estamos extremadamente alarmados por el creciente número
de muertes provocadas por la campaña contra las drogas del
presidente Rodrigo Duterte.
Las matanzas de personas acusadas de estar implicadas en el
comercio de drogas, sin pruebas y sin ser sometidas a juicio,
continúan sin cesar incluso en los últimos días. A pesar de ello, el
gobierno filipino sigue negándolo ante la comunidad internacional.
La campaña del gobierno ha quedado ensombrecida por graves
violaciones de los derechos humanos que tememos que estén siendo
alentadas por el propio presidente en sus discursos públicos. Las
matanzas se han cebado con los más vulnerables: los jóvenes y los
pobres.
Nos preocupan igualmente los agresivos esfuerzos que despliega el
gobierno para silenciar a aquellos que expresan su desacuerdo con
las matanzas ilegales. Condenamos rotundamente el creciente
número de casos de persecución política contra las personas críticas
con la infame campaña del presidente Duterte.
Las absurdas acusaciones contra la senadora Risa Hontiveros, del
Partido Akbayan, muy crítica con las mortales medidas antidrogas de
Duterte, son el más reciente ejemplo de las acciones sistemáticas del
gobierno para silenciar a los opositores en este país.
Estas acusaciones falseadas se han producido tras otros ataques
similares a mujeres críticas con el gobierno: desde el injusto
encarcelamiento de la senadora Leila De Lima, experta jurídica
altamente respetada y exsecretaria de justicia, basado en acusaciones
absurdas, hasta las distintas amenazas a las mujeres al frente del
Tribunal Supremo y de la Oficina de Defensa del Ciudadano.
La Iglesia Católica es también objeto de la persecución, ya que apoya
a la gente, especialmente a los pobres, que son las víctimas
principales de las matanzas desenfrenadas.
Si el gobierno de Filipinas quiere mantener su compromiso con la
democracia, debe poner fin a los acosos contra la pacífica oposición
política por motivos políticos.
La responsabilidad recae directamente sobre el presidente Duterte. Si
Duterte mantiene su campaña sangrienta contra las drogas y su
agresiva persecución política, será el responsable de la creación de
tensiones en las relaciones comerciales con la comunidad
internacional, especialmente teniendo en cuenta la próxima revisión
del Sistema de Preferencias Generalizado (SPG+), un instrumento
especial de comercio que permite la entrada en la UE de 6200
productos filipinos sin aranceles. Si no se respetan las normas de los
derechos humanos, habrá consecuencias que afectarán a la inclusión
de las Filipinas en este instrumento comercial especial de la UE.
Reiteramos, por consiguiente, nuestro llamamiento para que este
gobierno se ponga a trabajar para detener las matanzas de inmediato
y para que permita a las Naciones Unidas que investiguen lo ocurrido
sin impedimentos. El gobierno debe asegurarse de que los policías
responsables del uso de la fuerza excesiva en las operaciones
denominadas “one-time big-time” (únicas y de alto nivel) rindan
cuentas y debe abordar el problema de la droga respetando los
derechos humanos y desde una perspectiva de salud.
También hacemos un llamamiento al gobierno para que ponga fin a
sus hostiles intentos por silenciar a todo aquel que intente oponerse
a la guerra del gobierno contra las drogas. ¡No debe silenciarse nunca
la voz de la gente!
Nosotros, en la Alianza Progresista y el Partido de los Socialistas
Europeos, nos comprometemos a vigilar la situación de cerca. La
comunidad internacional se une para defender la democracia y los
derechos humanos.
