La situación en el norte de Rakhine, un estado en Myanmar donde reside la mayoría de los rohingyas, una minoría étnica y religiosa, escaló el 25 de agosto: El grupo extremista “El Ejército de Salvación Rohingya Arakan” (ARSA) atacó a unos treinta puestos de control del gobierno y comisarías de policía. Los militares de Myanmar, respaldados por un amplio apoyo popular de los ciudadanos de Myanmar y sin oposición por parte del gobierno civil, lanzaron una operación represiva sin precedentes. La información fiable sobre la situación del área de conflicto en Myanmar es escasa. Hasta ahora los periodistas internacionales no han tenido acceso al estado de Rakhine.
Según las cifras actuales de Naciones Unidas, desde el último brote de violencia, alrededor de 500 rohingyas fueron asesinados y unos 390 000 rohingyas huyeron a Bangladesh. Y sus cifras están aumentando. La situación de los refugiados rohingyas en Bangladesh es dramática. Miles de ellos viven en tiendas de emergencia, campamentos improvisados o al aire libre. Sin apoyo internacional se avecina una catástrofe humanitaria. Además, otros países de la región, como la India, Tailandia, Indonesia y Malasia se verán afectados.
Los rohingyas en Myanmar viven en míseras condiciones y son una de las minorías más perseguidas en el mundo. El conflicto entre este grupo y el gobierno de Myanmar tiene raíces religiosas y étnicas. Uno de los problemas principales
de la discriminación social a la que se enfrentan los rohingyas lo constituye, por un lado, la denegación de la ciudadanía, como lo constató la “Comisión Consultiva del Estado de Rakhine”, liderada por Kofi Annan. Por el otro lado, la transición de Myanmar de una dictadura militar a la democracia está lejos de haber terminado. Las élites militares todavía representan la fuerza política más poderosa.
La Alianza Progresista hace un llamamiento por
- el cese inmediato de cualquier actividad militar en el norte de Rakhine;
- la readmisión inmediata de las agencias de la ONU y las ONG internacionales al área de la crisis;
- financiación adicional inmediata para los primeros intervinientes y los trabajadores humanitarios en Bangladesh;
- el acceso de una misión investigadora de ACNUR a Rakhine;
- un diálogo continuo entre Bangladesh y Myanmar y el establecimiento de una Gestión Fronteriza Conjunta;
- el acceso de la prensa internacional para informar sobre la situación en el norte de Rakhine;
- una Conferencia Internacional sobre las propuestas de la Comisión Consultiva sobre el Estado de Rakhine;
- una Conferencia Internacional sobre las Implicaciones Regionales del informe de Kofi Annan con la invitación de países como, sobre todo, Bangladesh, pero también la India, Tailandia, Indonesia, Malasia y Australia.
