La Alianza Progresista condena la tendencia de la campaña filipina contra las drogas de actuar sobre todo contra los pobres e insta al Gobierno de Rodrigo Duterte a hacer frente al preocupante aumento de ejecuciones extrajudiciales como resultado de esta campaña
Reconociendo que una clara mayoría de votantes dieron un mandato incuestionable al presidente filipino Rodrigo Duterte en una contienda electoral fuertemente disputada que generalmente fue clasificada por observadores como la Misión de Observadores Internacionales (IOM) como pacífica y que dio resultados legítimos;
Teniendo en cuenta que un elemento fundamental de la plataforma de la campaña de Duterte fue el objetivo de erradicar las drogas y la delincuencia lo cual resultó ser atractivo para el electorado y contribuyó al éxito de su candidatura como presidente filipino;
Recordando que inmediatamente después de que Duterte ganara las elecciones empezaron a salir informes en las noticias de que personas bajo sospecha de estar involucradas en el tráfico de drogas, sea como usuarios o traficantes, fueron asesinadas por agresores desconocidos y más tarde en operaciones policiales;
Entendiendo que desde la primera mitad de septiembre se han registrado más de 3 000 muertes lo cual son 46 muertes por día o un asesinato cada 30 minutos, y el mismo jefe de la policía filipina emitió directivas a la policía exigiendo que se cumpla el objetivo de 1,8 millones personas que se entreguen dentro de seis meses lo cual hace temer que va a haber más muertes;
Preocupados por el hecho de que individuos y grupos que salieron a levantar su voz contra estas matanzas hayan sido atacados sin cesar y maliciosamente tildados de simpatizantes y aliados de los barones de las drogas, como pasó con el jefe de la comisión de derechos humanos y el comité del Senado de justicia que inició una investigación de los asesinatos;
Viendo que ataques similares se realizaron contra nuestro partido hermano Akbayan y sus líderes, en particular, la senadora Risa Hontiveros, Rep. Tom Villarin, la presidenta emérita Etta Rosales y el miembro del comité ejecutivo Sylvia Estrada-Claudio, después de hacer públicas sus declaraciones contra la guerra contra las drogas y llamar la atención sobre las ejecuciones;
Preocupados de que líderes y gobiernos menos inclinados hacia el derecho a la vida, la dignidad, la democracia, los derechos humanos a la seguridad en la región y el mundo entero citaran el éxito pervertido de la política de Duterte como un pretexto para abusar del poder ejecutivo, legitimando las matanzas inhumanas y salvajes mientras al mismo tiempo busca aumentar el apoyo político popular y de esta forma dar marcha atrás a la lucha global por los derechos humanos universales;
Nosotros, los distintos partidos políticos de la Alianza Progresista proclamamos nuestra firme oposición a cualquier campaña contra las drogas que dé prioridad al uso de la violencia y un flagrante desprecio al estado de derecho y el cumplimiento de los debidos procedimientos legales, y hacemos el siguiente llamamiento al presidente Duterte y su gobierno a:
- Desistir de emplear un lenguaje y hacer declaraciones que explícitamente toleren la matanza de presuntos usuarios y traficantes de drogas y otros autores de delitos menores y tachen a aquellos que se opongan a su campaña como protectores o simpatizantes de los barones del tráfico de drogas;
- Diseñar e implementar políticas públicas de salud y de prevención y trabajar con los diferentes actores de la sociedad, como la iglesia, los académicos, los trabajadores del sistema de salud, para buscar una solución estratégica para luchar contra el problema de las drogas en las Filipinas;
- Respetar los compromisos del país con respecto a varios instrumentos de los derechos humanos a los que las Filipinas se unieron como Estado, así como los derechos políticos y civiles, el Convenio para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros;
- Actuar rápidamente y llevar acabo una investigación rigurosa, justa y transparente de los casos de asesinatos extrajudiciales ocurridos como resultado de la guerra contra las drogas;
- Llevar a los actores de estas matanzas extrajudiciales a la justicia, independientemente de que resulten ser actores estatales o no estatales;
- Proteger a los jóvenes y la juventud de vivir una era del terror impuesto por el Estado y matanzas sancionadas por el gobierno, y mitigar las cicatrices sociales que se verán y sentirán en las generaciones futuras;
- Hacer reparaciones y proporcionar indemnización a las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales para dar alivio y tomar las primeras medidas con el fin de alcanzar justicia en una campaña que únicamente se ha cobrado la vida de los pobres y no necesariamente los culpables.
19 de septiembre de 2016
