Input Paper “Derechos humanos y dignidad para todos. Trabajo decente para los trabajadores migrantes en todo el mundo”, 29 de Septiembre 2014
El trabajo decente es esencial para el respeto de los derechos humanos y de la dignidad en el lugar de trabajo. En los últimos años hemos sido testigos de la degradación de las condiciones de trabajo decente en todo el mundo: poca seguridad del empleo, salarios bajos, falta de protección social y de representación sindical. Y en el mundo entero los trabajadores migrantes se encuentran entre los más vulnerables.
En 2013, el número de migrantes del planeta alcanzó la cifra récord de 232 millones, siendo la mitad de ellos trabajadores migrantes. De Asia proviene el 25% de los migrantes de todo el mundo, 30 millones de trabajadores asiáticos trabajan hoy en el extranjero, y las tendencias pronostican que esta cifra seguirá en aumento. Por un lado, la globalización económica y la liberalización comercial han destruido muchos puestos de trabajo y dado lugar a una mayor presión migratoria. La escasez de empleos, la inseguridad laboral, los salarios bajos y la falta de políticas activas destinadas al mercado de trabajo han acelerado la salida de trabajadores de muchos países. Filipinas y México son ejemplos de esta correlación. Por otra parte, la estructura de la economía, la escasez de mano de obra y de competencias y los cambios demográficos en otros países son factores clave que estimulan la demanda de trabajadores en países receptores como Singapur o Alemania.
La fuga de cerebros sigue constituyendo una amenaza para los países en vías de desarrollo. Es importante reconocer que la migración económica por necesidad no solo se produce entre los marginados y los desafortunados, sino que afecta también a los mejores profesionales y las personas más inteligentes en algunos países. Debido a malas condiciones de trabajo, legislaciones laborales injustas, sueldos comparativamente bajos o falta de oportunidades en sus países de origen, algunos expertos y personas con un alto nivel de calificación y educación a menudo buscan la valoración profesional y financiera a través de la migración. Esto supone un ciclo que se perpetúa a través de la privación de talento y conocimientos especializados tan necesarios en sus países de origen.
Los trabajadores migrantes se enfrentan a una multitud de retos. En primer lugar, está la dificultad psicosocial de vivir lejos de sus familias, incluidos esposo/a e hijos, a la vez que intentan mantener viva su relación con ellos y luchan por encontrar un grupo de personas de apoyo en los países de acogida. En segundo lugar, la integración en la sociedad de acogida resulta difícil debido a la discriminación y la marginalización por razón de raza o etnicidad, así como la reintegración en su país de origen después de una vida difícil en el extranjero. En tercer lugar, hay una protección muy limitada de los derechos individuales y las libertades civiles, especialmente en los países dirigidos por gobiernos conservadores y autoritarios. En cuarto lugar, trabajan en un entorno laboral que trata a los trabajadores migrantes como ciudadanos de segunda clase, a menudo lleno de falsas promesas de los responsables de personal y los empleadores y dominado por una amplia red de trata, explotación y abuso de personas.
La migración laboral es un tema complejo que requiere un ejercicio de diferenciación, en primer lugar y ante todo, entre formas regulares e irregulares de migración. Según las últimas estimaciones, el 10-15% de toda la migración es irregular. Los migrantes indocumentados suelen ser blancos fáciles para la explotación por parte de empresarios y encargados de selección de personal. En los peores casos, los trabajadores migrantes sufren abusos físicos o sexuales y explotación laboral, llegando incluso a trabajos forzosos. Por miedo a ser detenidos o expulsados, la mayoría de los trabajadores migrantes indocumentados no se atreven a recurrir a la justicia.
Cuando los trabajadores migrantes indocumentados son localizados por la policía, a menudo acaban en la cárcel o son deportados de vuelta a sus países de origen. La situación de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos empeora día a día: en 2013, del total de 370 000 inmigrantes que fueron expulsados de Estados Unidos, dos tercios eran mexicanos. Creemos que el aumento de la migración regular es una herramienta eficaz para reducir los altos niveles de migración irregular y de trata de personas.
También es cierto que los trabajadores migrantes documentados son frecuentemente tratados de forma menos favorable que los trabajadores nacionales. Suelen trabajar en peores condiciones, recibir salarios inferiores, tener poco acceso a la protección social y estar mal informados sobre sus derechos o incluso quedar excluidos de la legislación laboral. También hemos observado con gran preocupación un incremento en la xenofobia y el racismo hacia los migrantes en muchos países.
La opinión pública ampliamente negativa sobre la migración ignora sus consecuencias positivas, principalmente los beneficios económicos que aporta. Especialmente desde que el subdesarrollo en los países de salida de la mano de obra está marcado por un nivel masivo de desempleo y subempleo, los trabajadores migrantes contribuyen en una grandísima medida al desarrollo económico de sus países de origen. Las remesas se han convertido, para algunos países, en la principal cuerda de socorro que mantiene sus economías a flote. Al enviar trabajadores al extranjero, los gobiernos también responden a la situación de desempleo de sus respectivos países. Por lo tanto, no es de extrañar que la migración de mano de obra se haya convertido en un componente no oficial, aunque crucial, de las estrategias gubernamentales de empleo y desarrollo nacional. Conforme a las últimas estimaciones, en 2013 las remesas ascendieron a más de 400 000 millones de USD en todo el mundo, el triple del importe de la ayuda oficial al desarrollo. Observamos que la migración laboral se ha convertido en un “gran negocio”. En Asia, muchas agencias privadas de contratación se aprovechan de la mala situación de los trabajadores poco cualificados imponiéndoles elevados honorarios por sus servicios y haciéndoles falsas promesas sobre los sueldos y los perfiles de trabajo en los países de acogida. Esto ata a los trabajadores migrantes a una servidumbre por endeudamiento debido a las excesivas tarifas impuestas por los intermediarios de sus países de origen y las empresas de selección de personal de los países de acogida. Por ejemplo, las leyes malasias han sido modificadas en los últimos años para estimular el crecimiento de las empresas de contratación que suministran servicios de selección de mano de obra a las multinacionales, incluidos incluso el pago, el alojamiento y las sanciones de los empleados. De este modo, se oscurece la atribución de la responsabilidad de la vulneración de derechos de los trabajadores, haciendo que el trabajador sea vulnerable a la explotación y los abusos. Debe ponerse freno a esta “subcontratación” y comercialización del bienestar de los migrantes poniéndola en evidencia en la escena regional y global. La Directiva de la UE (2014/36/UE) sobre los trabajadores temporeros constituye un buen ejemplo a seguir, ya que incluye explícitamente a las agencias de empleo en el ámbito de aplicación de la Directiva. Observamos con gran preocupación el aumento de la trata de personas, considerada como uno de los tipos de crimen organizado internacional de más rápido crecimiento. Se sabe que las redes de tráfico de personas forman parte de un amplio complejo de actividades delictivas, incluida la trata de personas para explotación sexual y el tráfico de drogas, especialmente en América Central y México. Además, en Asia existen pruebas contundentes del tráfico de niños desde Tailandia y Vietnam para la industria del sexo en Malasia. Es necesario que las autoridades intervengan de forma urgente para luchar contra todos los comportamientos delictivos en este sentido.
Estamos convencidos de que el trabajo decente es la clave para erradicar la pobreza, mejorar la vida de mujeres y hombres, estabilizar la economía, fomentar el crecimiento sostenible y socialmente justo y permitir a las personas vivir en paz y dignidad. El primer paso para luchar contra los problemas asociados con la migración de trabajadores consiste en que los gobiernos desplieguen un esfuerzo activo para crear trabajo decente a nivel local. Esto modificará con seguridad la dinámica de la migración de la mano de obra, para que deje de ser una cuestión de supervivencia y se convierta en el resultado de una decisión personal tomada por cada trabajador de forma individual. A fin de proteger a los trabajadores migrantes de baja calificación y reducir su vulnerabilidad ante los abusos –o incluso eliminarla completamente– la segunda medida, igualmente importante, que debe tomar la comunidad internacional es salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores, su protección y su acceso a un trabajo decente en los países de acogida.
Creemos que la protección de los derechos y el bienestar de los trabajadores migrantes recaen bajo la responsabilidad compartida de los gobiernos de los países de origen y de los países de acogida. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los gobiernos de los países de emigración y a aquellos receptores de inmigración para que garanticen y protejan los derechos humanos y sindicales de los trabajadores. Deben garantizar los derechos de los trabajadores para constituir y afiliarse a sindicatos, así como para negociar colectivamente con los empresarios, incluido el derecho a la huelga. De forma prioritaria, la seguridad y la salud en el trabajo y un salario decente son aspectos esenciales de un entorno de trabajo decente y deben estar garantizados. Excluir a los trabajadores migrantes de la legislación laboral o prohibirles que constituyan sindicatos o se afilien a estos son medidas discriminatorias y, por tanto, inaceptables. Consideramos que las políticas que permiten a los trabajadores indocumentados poder documentarse sin miedo a ser procesados constituyen la mejor manera de fomentar su protección. Consideramos que empresarios que realizan prácticas de esclavitud moderna y contratan a trabajadores indocumentados deberán ser perseguidos para que tengan que rendir cuentas. Es en primer lugar responsabilidad suya fomentar la protección de los trabajadores.
Es esencial que los trabajadores conozcan sus derechos y las condiciones de trabajo y de vida antes de salir de su país de origen y al llegar al país de destino. Además de los Estados, las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un papel crucial como proveedoras de información. Por otra parte, los Estados deberían facilitar ayuda a través de misiones diplomáticas o puestos consulares en los países de destino. Deben actuar como actores esenciales ofreciendo consultoría, apoyo y acceso a los servicios, además de garantizar la protección legal de los trabajadores migrantes.
Una migración laboral justa requiere un enfoque coordinado e integrado por parte de los países. Como progresistas, apoyamos los acuerdos integrales sobre migración laboral como base para la gobernanza de la migración laboral, conforme al principio de igualdad de trato y de igual salario por igual trabajo en el mismo lugar. En función del contexto, estos acuerdos pueden ser de naturaleza bilateral o multilateral. En Europa, la migración legal debe ser gestionada por la Unión Europea. Además, las acciones de las agencias privadas de contratación deben estar estrictamente reguladas y supervisadas a fin de evitar malas prácticas.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que amplíen y extiendan las normas de la seguridad social a los trabajadores migrantes y para que los incluyan en acuerdos de migración laboral. De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, todos los miembros de la sociedad tienen derecho a la seguridad social. La Recomendación de la OIT relativa a los pisos nacionales de protección (núm. 202), adoptada en 2012, constituye una extraordinaria oportunidad para la ampliación de la seguridad social y la inclusión de todos los trabajadores residentes en ella. Los pisos de protección social deberían garantizar un nivel básico de seguridad social cubriendo aspectos como la atención sanitaria, la atención a la maternidad y los ingresos básicos.
Por otra parte, instamos a los gobiernos a que permitan el acceso a los derechos de pensión, así como su conservación y/o portabilidad. Estamos convencidos de que la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales de seguridad social constituye la mejor base legal para coordinar los derechos de pensión en varios países, a la vez que se garantiza la igualdad de trato, la transparencia y la responsabilidad. El Reglamento núm. 883/2004 de la UE sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social en Europa es un ejemplo que responde a la protección social en la “Era de la Movilidad” y debería implementarse en su totalidad.
No podemos analizar la migración de la mano de obra sin reconocer la dimensión de género que presenta a este fenómeno. La migración de la mano de obra está crecientemente feminizada, siendo el 48 % de los migrantes internacionales mujeres. Como progresistas, defendemos la igualdad de género y estamos en contra de cualquier forma de discriminación de las personas por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Entre las trabajadoras migrantes, las trabajadoras domésticas constituyen uno de los grupos más numerosos y vulnerables. Las inspecciones laborales son cruciales para garantizar su protección y para luchar contra los casos de esclavitud moderna. Expresamos nuestro reconocimiento a los 14 países de todo el mundo que han ratificado el Convenio núm. 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, siendo Filipinas el único país asiático firmante. Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen de forma urgente el Convenio núm. 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, para que armonicen su legislación nacional con arreglo a este y para que supervisen su implementación, incluyendo un proceso de informes de control por parte de la sociedad civil. Los esfuerzos regionales dentro de ASEAN con objeto de impulsar la ratificación de las naciones miembro deben ser una prioridad que nos conduzca hacia la integración económica regional de ASEAN para el año 2015.
Pensamos que la clave para fomentar el trabajo decente de los trabajadores migrantes es un enfoque basado en los derechos. Los gobiernos deben ratificar e implementar los ocho convenios laborales esenciales de la OIT, así como supervisar y garantizar su cumplimiento. Asimismo, insistimos en la ratificación e implementación de normas internacionales vinculantes relativas a los trabajadores migrantes: el Convenio núm. 97 sobre la migración para el empleo (revisado), el Convenio núm. 143 sobre trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) y el Convenio núm. 181 sobre agencias de empleo privadas, la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, los Protocolos contra la Trata de Personas y los acuerdos regionales, como la Declaración de ASEAN sobre la Protección y la Promoción de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. Estas normas establecen el fundamento legal contra la discriminación de los trabajadores migrantes y deben cumplirse debidamente. No obstante, es posible que sea necesario revisar estas normas para garantizar que responden a las últimas tendencias y patrones de migración. Apreciamos, por tanto, los recientes esfuerzos de la OIT por jugar un papel más activo en el discurso mundial sobre la migración.
La migración es ahora esencial para la viabilidad de los mercados laborales de todo el mundo. Para garantizar que la migración laboral sea siempre una opción y nunca una necesidad para un individuo, hacemos un llamamiento a los gobiernos para que dediquen todos los esfuerzos posibles a la creación de empleos decentes con una paga decente en pro del empleo pleno y productivo, así como a favor de un desarrollo económico equitativo y duradero. Creemos que la creación de empleos decentes y de pisos de protección social debería incluirse entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Posterior a 2015.
Como progresistas, defendemos la libertad, la solidaridad y la justicia social. Nuestro fin último sigue siendo sacar a las personas de la trampa de la pobreza y garantizar un trabajo decente y un salario decente para todos los trabajadores, con el propósito de construir sociedades socialmente justas y equitativas.
