También en el siglo XXI los progresistas defendemos la justicia social y la iguilidad para hacer este mundo un mundo con una distribución de riqueza más justa. Pero la realidad ho yes que más del 80 por ciento de la población mundial vive en condiciones de inseguridad social, y en caso de una crisis personal o económica no disponen de ningún tipo de ingreso. Más de la mitad de la población mundial vive en o está amenazada por pobreza extrema; millones de niños y niñas mueren cada año por causas evitables; millones de personas de edad avanzada se ven amenazadas por pobreza, miseria y enfermedad. Los impactos de la crisis económica global hicieron más evidente la inseguridad socio-económica en amplias partes de la población. La desigualdad está aumentando en muchas partes del mundo y las medidas para paliarla se están implementando lentamente o son insuficientes. Sin embargo, esta situación no es inevitable, sino se puede cambiarla a través de una actuación conjunta y decidida.
En los últimos años hubo protestas y disturbios sociales en todo el mundo. A pesar de todas las diferencias los movimientos tienen algo en común ya que todos ellos ponen el énfasis de las disputas en el desarrollo de la democracia y la justicia social. La cuestión social ha vuelto a estar en la agenda a nivel mundial.
En el mundo árabe, la urgente cuestión social incluso condujo al derrocamiento de regímenes autoritarios que dominaban durante muchos años. Es precisamente en esta región donde las desigualdades sociales, además de la cuestión democrática, fueron una causa fundamental del derrumbe de esos regímenes en los años pasados. Gracias a las grandes ganancias de las reservas de petróleo, así como pagos de transferencia sobre todo por parte de los Estados del Golfo, pero también de países occidentales, y un programa económico neoliberal, en la mayoría de los países de esta región durante muchos años unas élites de gobierno conjuntamente con élites económicas han podido enriquecerse mientras que la mayoría de la población quedaba pobre. La corrupción y el nepotismo, en combinación con sistemas de gobierno autocráticos condujeron a una situación en la que gran parte de la población se veía excluida de una participación en la vida política y económica. La ausencia de una política activa en el mercado laboral y unas medidas de seguridad social insuficientes aún hoy contribuyen fuertemente a una sensación de injusticia y exclusión. La esperanza de mejorar su posición social mediante la educación a menudo se vio truncada. Esto es especialmente válido para los muchos jóvenes de la región quienes impulsaron los cambios manifestando su insatisfacción y sus deseos de mayor participación social y económica. Una gran parte de las poblaciones árabes, por ejemplo en Túnez y Egipto, tiene menos de 35 años y hasta el cambio de los regímenes lo único que conocían eran los sistemas Ben Ali y Mubarak. Un proceso democrático sostenible sólo tendrá éxito si va acompañado de una mejor situación social para una gran parte de la población. Por eso, en muchos lugares es necesario alcanzar un nuevo acuerdo social que no solamente renueve la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el Estado, sino que establezca por primera vez una relación básica positiva entre el Estado y sus ciudadanos.
Los momentos de crisis sólo pueden convertirse en momentos de un nuevo auge – durante el cual se inician nuevos procesos de aprendizaje social y cambian las mentalidades políticas – si se perciben y se implementan alternativas. Ante los enormes desafíos no debemos caer en un estado de paralización, sino debemos superar la estupefacción y formular posibilidades concretas para un cambio. En nuestras sociedades hay muchas voces críticas, pero también un potencial solidario y emancipatorio. Por eso es más importante que nunca que los partidos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil recojan ese impulso y promuevan la discusión y el desarrollo de alternativas. Lo que necesitamos son soluciones concretas para acometer los problemas actuales, pero que también vayan más allá, estableciendo los fundamentos para sociedades con mayor justicia social.
La protección social es uno de los fundamentos más importantes para un desarrollo inclusivo, justo y sostenible. La misma es un elemento central de una estrategia de crecimiento sostenible y al mismo tiempo constituye una protección contra crisis personales y sociales. Durante mucho tiempo la comunidad internacional dejó de dedicar la suficiente atención al derecho humano de seguridad social. Con la crisis económica y financiera la seguridad social volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional; donde existían sistemas de seguridad social los mismos se consideraban un pilar importante en la lucha contra la crisis, algo que también fue reconocido por el G20.
El concepto del Piso de Protección Social presentado por la OIT en 2009 ha ganado importancia en los últimos años, tanto a nivel internacional, como en el contexto nacional. Un primer hito fue la aprobación de la Recomendación sobre el Piso de Protección Social aprobada en 2012 durante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. El compromiso voluntario de los 185 países miembros de la OIT constituye una gran oportunidad para promover a nivel mundial la justicia social mediante el establecimiento y la ampliación de sistemas de seguridad social. El objeto es establecer una protección social para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo para los miembros más vulnerables de la sociedad y para aquellos que trabajan en la economía informal. La ampliación de sistemas de protección social básica fomenta la justicia social reduciendo la pobreza, permitiendo el suministro de asistencia sanitaria y mejorando las oportunidades de educación de niños y niñas.
La recomendación establece que pisos nacionales de protección social deben incluir garantías básicas de seguridad social con respecto a:
El establecimiento de pisos de protección social en aquellos sectores donde no exista ninguna o solamente una deficiente protección social, constituye un primer paso para lograr sistemas de seguridad social más amplios.
Los pisos de protección social no son un punto final de la seguridad social, sino que establecen el fundamento para una edificación y ampliación paulatina de los sistemas de seguridad social.
Los pisos de protección social son una opción política realista para numerosos países para establecer una protección social básica que es apoyada por todas las capas de la población y que a medio plazo no solamente protege al individuo contra riesgos sociales sino que también reducirá la desigualdad.
Los pisos de protección social son un primer paso concreto en el camino hacia sociedades más justas; otros tienen que seguir. Continuamos a focalizar nuestra acción al nivel naciona, como al nivel regional y local al resforzar las redes de la protección social. Nuestro objetivo final se queda de evitar el riesgo de la pobreza y de construir una sociedad más justa y más equitable.
Por este objetivo luchamos como fuerzas progresistas.
La seguridad social de personas ancianas, enfermas, niños y niñas, así como de miembros de nuestras sociedades con discapacidad laboral es la base para la cohesión social.
La seguridad social es la base para la participación política.
La seguridad social es la base para el desarrollo económico y social.
La protección social es un derecho humano.