“¿Desigualdad económica o justicia social para todos?” – Victor Báez Mosqueira & Yasmin Fahimi

Introducción

Con ocasión de la crisis financiera la desigualdad social se ha colocado en el centro del interés político. Para economistas prestigiosos, como Joseph Stiglitz, el estancamiento de los salarios para la mayoría trabajadora, por una parte, y el incremento del patrimonio, por otra, constituyen la causa del crecimiento impulsado por el endeudamiento y la especulación que antecedió al estallido de la burbuja financiera. Los platos rotos los pagaron sobre todo las personas con ingresos medios o bajos, especialmente en aquellos países en los que se aplicaba una estricta política de austeridad. Una alta tasa de desempleo, la caída de los salarios reales, una larga recesión son la consecuencia. Después de la reapertura del casino y de que los mercados de acciones volvieran a vivir un boom con la ayuda de los bancos centrales, la desigualdad aumenta en prácticamente todos los lugares.

Las advertencias de las consecuencias de una creciente desigualdad ya no sólo provienen de los progresistas o la izquierda. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advierte: “El aumento de la desigualdad puede dañar el crecimiento económico y los vínculos sociales, y podría provocar también inestabilidad política”. Y los autores del actual informe mundial de riesgos editado por el Foro Económico de Davós consideran el creciente abismo entre ricos y pobres como la mayor amenaza para la economía mundial.

1. Tendencias en el reparto de los ingresos y del patrimonio

Con el triunfo del neoliberalismo desde los años 1980, en los últimos 25 a 30 años la distribución de ingresos y patrimonios en todo el mundo se ha desplazado de forma masiva en detrimento de los menos privilegiados. A pesar de que numerosos países, sobre todo en Asia, se encuentren inmersos en un proceso de aproximación económica con respecto a Occidente, también en esa región se benefician en primer lugar las élites (el diez por ciento más alto) y sólo de forma moderada también una nueva clase media. El 40 por ciento más bajo en la escala de ingresos, sin embargo, saca poco provecho. Según estimaciones, la quinta parte más rica de la población mundial gana aproximadamente 50 veces más que la quinta parte más pobre (Dauderstädt/ Keltek, 2011). A efectos comparativos, dentro de Alemania esta relación es de aproximadamente 4,5. (ídem).

La creciente desigualdad de los ingresos tiene que ver con tres tendencias. En primer lugar, en todo el mundo la distribución de los ingresos entre salarios y ganancias se ha desarrollado en detrimento de los salarios. Mientras que las rentas de capitales han aumentado a menudo con porcentajes de hasta dos dígitos, los salarios reales medios quedaron estancados. Pero existe una diferencia importante: Mientras que para los trabajadores que están sujetos a un convenio colectivo sigue habiendo aumentos de salario, el número rápidamente creciente de aquellos que trabajan bajo condiciones precarias o atípicas están experimentando una disminución de los salarios reales. Si contemplamos todos los países desarrollados, la parte del Producto Interior Bruto correspondiente a los sueldos y salarios (cuota salarial) bajó entre 1980 y 2010 del 74 al 65 por ciento. (Stockhammer, 2013). Los países en vías de desarrollo y emergentes también presentan una reducción de la cuota salarial, con una media no inferior a 20 puntos porcentuales en México, Turquía o Corea del Sur. En el extremo de los capitales, por otra parte, se enriquecieron sobre todos los agentes del sector financiero y no como consecuencia de un “milagro productivo”, sino por medio de beneficios ficticios sin valor macroeconómico. En los países de la OCDE las rentas de capitales aumentan desde los años 1980 con mayor celeridad que las macroeconomías correspondientes, provocándose una concentración patrimonial y la reducción de las clase media (Picketty, 2014).

En segundo lugar, la divergencia de las rentas del trabajo ha aumentado en ocasiones incluso de forma dramática. En 1970 un alto ejecutivo americano aún percibía 30 veces el salario medio de un trabajador. En la actualidad representa 300 veces y más. En Gran Bretaña, los presidentes de las 100 empresas del FTSE cobraron en 2013 120 veces el salario medio de sus empleados.

Crecimiento económico y bienestar material de la gran mayoría de la población son dos conceptos que se han desacoplado en muchos lugares. En los EE.UU., desde 2009 el 95 por ciento de todos los incrementos de ingresos recaen en la porción más rica de la población (Stiglitz, 2013) y ello coincide plenamente con las tendencias: Ya entre 1976 y 2007 la parte más alta de la escala de los ingresos se había asegurado la parte del león del incremento de las rentas con el 58 por ciento (Atkinson / Piketty / Saez, 2011). También en otros países de la OCDE observamos esta tendencia. La base de datos World Top Income Database contiene para 26 países el importe de las rentas antes de impuestos. Según esta fuente, la parte de las rentas del percentil más rico de la población ha aumentado desde los años 1980 en casi todos los países. Incluso en los países tradicionalmente igualitarios como Suecia o Noruega ha aumentado en más del 50 por ciento (Oxfam 2013). En China y Portugal incluso se ha más que duplicado.

En tercer lugar, la política tributaria y de transferencias ha corregido la distribución de las rentas en una medida mucho menor que anteriormente. En numerosos Estados la progresión fiscal se ha reducido significativamente en las últimas décadas. En los EE.UU. incluso ha desaparecido en el extremo superior de la escala de rentas. El hecho de que las rentas de capitales tributen en casi todos los lugares considerablemente menos que los ingresos provenientes del trabajo es una evolución perjudicial. En Alemania, por ejemplo, el impuesto sobre las rentas de capitales es del 25 por ciento, la tributación de las rentas del trabajo alcanza el máximo del 42 por ciento.

Entre las regiones donde en las últimas dos décadas no se ha producido un aumento de la desigualdad se encuentra América Latina. Aunque siga siendo una de las regiones con el mayor nivel de desigualdad en las rentas, entre 1990 y 2012 ésta se ha reducido en 14 de 20 países latinoamericanos.[1] La causa radica en tres factores: Mejor formación escolar de nivel de secundaria, política activa de los Estado a favor de salarios mínimos, programas estatales de transferencia en beneficio de los pobres (UNDESA 2013).

Mucho mayor que distribución desigual de las rentas es la del patrimonio. Casi la mitad del patrimonio recae en el uno por ciento más rico. Aún más estremecedor es otra cifra: las 85 personas más ricas del mundo poseen más patrimonio que la mitad más pobre de toda la población (Oxfam 2013). Esto se debe, en primer lugar, a la lógica del capitalismo financiero, pero también a las numerosas posibilidades de evasión tributaria y de fraude fiscal. Una parte considerable del patrimonio de los ricos se encuentra en la actualidad oculta en paraísos fiscales. Según estimaciones, unos 18,5 billones de dólares norteamericanos que no han tributado se encuentran offshore (Oxfam, 2014). Entre este importe figura una tercera parte del patrimonio de inversiones con más de un millón de dólares norteamericanos (Ötsch 2012).

2. Causas y consecuencias de la desigualdad económica

2.1. Análisis de las causas de la creciente desigualdad

Con respecto a la creciente desigualdad existen, como no cabía esperar de otra manera, diferentes opiniones. Para unos es el resultado de las leyes económicas de la oferta y demanda, para otros, la responsabilidad cae sobre todo en las decisiones políticas en beneficio de los mercados.

Para unos es consecuencia de cambios tecnológicos que poseen efectos negativos para las personas con escasa cualificación (“Skills-biased technological change”), así como la creciente competencia de países de salarios bajos que ofertan por debajo del nivel salarial local. Para otros, la causa radica en la reducción de las normas estatales para los mercados de trabajo y financieros, en reducciones fiscales para empresas y ricos y en la glorificación del valor para los accionistas.

2.2. Consecuencias económicas, sociales y políticas de la creciente desigualdad

La desigualdad supera por mucho lo que la mayoría de las personas percibe como justo. Provoca un grave problema de justicia. Además, tiene consecuencias económicas, sociales y políticas. Consolida de forma inalterable las relaciones sociales de oportunidades y poderes, obstaculiza el ascenso social, pone el peligro la paz social y socava la democracia. Incluso en democracias supuestamente consolidadas aumenta la dominación de las élites con potencial financiero sobre las decisiones políticas. El gobierno del pueblo se convierte en un gobierno del dinero, en una plutocracia.

• Desigualdad y desarrollo económico

El debate sobre la desigualdad va cambiando. Durante décadas dominó la visión neoclásica que parte del supuesto de un conflicto entre crecimiento y distribución. Distribución de las rentas de los ricos a los pobres sólo sería posible a cambio de un menor crecimiento. La redistribución reduciría los incentivos de rendimiento. La desigualdad no es el problema, sino más bien el requisito para que la economía crezca.

Por otra parte, la desigualdad también puede frenar el crecimiento. Por ejemplo, si la educación y la previsión sanitaria sufren o si conflictos sociales afectan negativamente la estabilidad política. Un análisis exclusivamente microeconómico, además, pasa por alto el papel de la demanda. Los perceptores de rentas más bajas consumen forzosamente una mayor porción de sus ingresos que los perceptores de rentas más altas. De ahí que a partir de un nivel determinado la desigualdad basada en los ingresos provoque una demanda débil, y una acentuación de la desigualdad debilita la demanda aún más.

La reciente crisis financiera ha cambiado la forma de ver la desigualdad. Ya no se percibe como un problema eminentemente social, sino cada vez más también como un problema económico. En este sentido un nuevo estudio del Fondo Monetarios Internacional (FMI) demuestra la relación global entre una menor desigualdad y la solidez del crecimiento económico (Berg y Ostry, 2011). Un estudio de continuación establece que una política estatal de redistribución no ha influido negativamente en el crecimiento, más bien al contrario, en promedio habría fomentado el crecimiento económico (Ostry / Berg / Tsangarides, 2014).

Con anterioridad ya se habían presentado análisis que descubrieron sorprendentes paralelismos entre la gran depresión de los años 1930 y la “gran recesión” de 2007-2008. Ambas crisis tenían como telón de fondo un fuerte aumento de la desigualdad en combinación con un creciente endeudamiento de los perceptores de rentas bajas y medias (Kumhof / Rancière, 2010).

• Desigualdad y desarrollo social

Una desigualdad acentuada no sólo debilita las perspectivas de crecimiento a largo plazo e incrementa la susceptibilidad de las macroeconomías a las crisis, también debilita los efectos reductores de la pobreza que produce el crecimiento económico (UNDESA, 2013: 66 ss.). Una reducción especialmente pronunciada de la pobreza se registró en países que al inicio de un proceso de crecimiento tenían una distribución equitativa de las rentas y del patrimonio, como Corea del Sur y Taiwán en los años 1960 y 1970 o China en los años 1980. Lo mismo vale para países en los que la desigualdad se redujo durante el proceso de crecimiento y mejora de la distribución, como últimamente ha ocurrido en Latinoamérica.

Estudios demuestran que una creciente distribución desigual posee efectos negativos sobre la permeabilidad social. Incluso en países con una movilidad social tradicionalmente alta como los EE.UU., las oportunidades vitales de las generaciones siguientes dependen del estatus de los padres. En este contexto, el presidente del Consejo de Asesores Económicos norteamericano (Council of Economic Advisers), Alan Krueger, presentó esta relación como “Great Gatsby Curve”, la gran curva de Gatsby (Krueger, 2012). Los que crecen en un ambiente de pobres, permanecen también en la siguiente generación (relativamente) pobres. Los ricos se quedan mayoritariamente entre ellos[2]. Esta relación puede percibirse también en Alemania. Las oportunidades de ascenso social por medio de la educación para niños de las capas más pobres o más alejadas de la educación se van reduciendo.

En 2009 los epidemiólogos británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett demostraron en su bestséller “The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do Better“ (traducido al alemán como: “Igualdad es igual a suerte“) la interrelación entre igualdad de rentas y problemas sociales que afecta a todos los tipos de problemas sociales y abarca desde la salud anímica y esperanza de vida, pasando por el consumo de drogas, la obesidad, el rendimiento escolar y los embarazos en edad juvenil hasta la tasa de asesinatos. Según este libro, países desiguales como los EE.UU. y Gran Bretaña tienen mayores problemas sociales que, por ejemplo, Japón  o los países escandinavos. Sociedades desiguales son más desconsideradas, frías y recias.

3. Planteamientos políticos para la lucha contra la desigualdad económica

3.1. Sinopsis de los planteamientos políticos

Los seguidores de la teoría de los mercados eficientes consideran los resultados de la distribución como positivos si reflejan los efectos de los mercados libres. Cada uno obtiene la recompensa que se corresponda con su aportación al bienestar social. En la medida en que las normas sociales requieran correcciones, las intervenciones estatales no deben realizarse sobre las rentas de los mercados sino, en todo caso, por medio de impuestos y tasas. Reformas de los mercados no deben ser más que medidas que ayuden a la igualdad de oportunidades en el mercado, y esto incluye los gastos en educación.

Una oferta educativa y sanitaria de calidad para todos aumenta la igualdad de oportunidades y la movilidad social, resultando así también económicamente eficiente. Sin embargo, precisamos también a corto plazo planteamientos políticos efectivos que conformen el aquí y ahora. En este sentido será necesario realizar intervenciones sobre las rentas de los mercados, como por ejemplo, salarios mínimos establecidos por el Estado, normas para reducir el pago desigual según el género, topes relativos para los sueldos de los ejecutivos. Por otra parte, el Estado puede ayudar a reducir desigualdades por medio de la redistribución a través de los ingresos (impuestos) y gastos públicos.

La reducción de la desigualdad es, en primer lugar, una tarea de la política nacional, pero también la cooperación internacional resulta de importancia y eso especialmente en la lucha contra la fuga transfronteriza de capitales y la evasión fiscal de las empresas transnacionales e individuos ricos que representan una causa importante de la creciente concentración de rentas y patrimonio.

3.2. Planteamientos para influir en las rentas de los mercados y la distribución primaria

Una disminución del desnivel salarial “desde abajo” puede conseguirse por medio de salarios mínimos establecidos por el Estado o vinculados a la inflación o al desarrollo de los salarios medios. Sin embargo, la estructura de los sueldos y salarios depende no por último del papel de los sindicatos. Estos tienen la tarea de compensar la falta de poder de los asalariados individuales de ejercer presión en el mercado a través de una representación común de sus intereses como un poder organizativo y de negociación basado en la solidaridad y las acciones colectivas. En aquellos sectores que tengan un bajo nivel de organización sindical, los convenios colectivos negociados por los sindicatos y los empresarios podrán tener eficacia general mediante una regulación estatal en forma de declaraciones sobre el carácter obligatorio de los mismos.

Un aspecto decisivo es hacer retroceder las relaciones laborales informales y atípicas a favor del trabajo digno para el ser humano.

Instrumentos de la política laboral, como programas de empleos estatales, pueden mejorar las rentas. Un ejemplo es el programa de empleo rural creado en la India en 2005 mediante la ley “Mahatma Ghandi National Rural Employment Guarantee Act” (MNREGA) que garantiza para todos los hogares en el ámbito rural 100 días de trabajo al año con el salario mínimo legal. Trabajos con jornada reducida, cuentas del tiempo de trabajo y una protección razonable contra despidos que en tiempos de crisis estabilicen las rentas y el empleo representan una contribución a una mayor igualdad.

La reducción de la desigualdad “desde arriba” puede revestir la forma de topes para salarios, bonificaciones, indemnizaciones y prestaciones pasivas. En este sentido se ha hecho más bien poco, y eso a pesar de que en la Unión Europea existen planes por los que en el futuro los accionistas de las empresas cotizadas en bolsa deben decidir sobre la remuneración de los consejeros, precisamente en forma de una “Pay Ratio”, es decir, la relación entre los sueldos de los directivos y los salarios medios en la empresa. Como consecuencia se produjeron intensas reacciones por parte de la lobby empresarial, a pesar de que no están previstas regulaciones estatales en este sentido (Financial Times, 7/3/2014). Aparentemente existe temor ya tan sólo por los efectos de una mayor transparencia.

3.3. Redistribución estatal y distribución secundaria

La redistribución estatal por medio de impuestos, tasas y prestaciones de transferencias directas se encarga de corregir la divergencia de las rentas. En el extremo inferior de la escala de rentas actúan las prestaciones de transferencias que pueden configurarse alternativamente como una ayuda social vinculada a la necesidad y ciertos requisitos (“Conditional Cash Transfer”) al estilo de la Bolsa Familia o según el modelo del “Social Protection Floor” (Piso de Protección Social) recomendada por la conferencia internacional de trabajo de 2012. Este último modelo prevé garantizar la asistencia básica esencial y asegurar una renta básica universal, fijando los principios generales de una protección político-social mínima.

Pero también otros gastos estatales actúan sobre la distribución de las rentas. De estos no se benefician todas las personas en la misma medida, dependiendo de si se trata de gastos en carreteras, escuelas públicas, guarderías, hospitales, bibliotecas, teatros, óperas, transporte público de cercanías, comedores escolares gratuitos o subvenciones para la energía eléctrica o alimentos básicos. Estas prestaciones del Estado con equivalencia pecuniaria se denominaron en el anterior debate sobre el Estado del bienestar también a menudo como “social wage”, como salario social. Pero no son el equivalente a una redistribución desde “arriba” hacia “abajo”. Los que más se benefician son casi siempre aquellos que son capaces de representar sus intereses públicamente con mayor efectividad, y eso rara vez son los más necesitados de una sociedad. Si, además, entra en juego la corrupción, se benefician también los responsables políticos y los contratistas aliados con estos.

Una política sensible con respecto a la distribución debería examinar siempre quién se beneficia de qué manera de qué prestaciones. Especialmente en países en vías de desarrollo y emergentes resultaría de utilidad este ejercicio, por ejemplo, con respecto a la cuestión de las subvenciones de la energía, porque precisamente en países con una administración débil los programas públicos rara vez benefician a los más necesitados porque ellos cuentan con las menores posibilidades de reclamar sus derechos. Ello podría mejorar por medio de sistemas como “Public Expenditure Tracking” (PETS; seguimiento del gasto público).

La manera más viable de realizar la redistribución estatal es por medio del sistema tributario. Pero por mucho no en todos los sistemas fiscales tributan más los perceptores de rentas más altas que los de las rentas más bajas. Sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los que los ingresos fiscales se nutren frecuentemente de los impuestos sobre el consumo, los más pobres están sujetos a una carga fiscal proporcionalmente superior que los ricos.

Un sistema fiscal progresivo se caracteriza en que se nutre predominantemente de los impuestos directos, es decir, el impuesto sobre las rentas y de sociedades. Pretenden gravar las rentas más altas en mayor medida que las más bajas; es lo contrario al “Flat Tax”, la tarifa plana fiscal, como se había introducido p. ej. en Europa del Este y el centro de Asia después del final del socialismo en prácticamente todos los territorios. Desde la perspectiva de la distribución, además, las rentas de capitales no deberían tributar menos que las rentas del trabajo, un hecho que se está dando actualmente en la mayoría de los países. Todos los tipos de renta deberían recibir el mismo tratamiento.

Un elemento de un sistema fiscal de este tipo sería también someter las transacciones financieras a un impuesto sobre el tráfico; se trata de una de las pocas transacciones económicas que en la actualidad sigue total o parcialmente exenta de tributación en la mayoría de los países. Aparte de sus efectos estabilizadores para los mercados financieros y el supuesto potencial de un volumen considerable, el impuesto sobre transacciones financieras sería uno de los pocos impuestos con un efecto distribuidor progresivo y no “regresivo”.

En las últimas décadas han sido sobre todo la reducción de los tipos máximos del impuesto sobre la renta, la reducción de los tipos de tributación de las rentas de capitales y la reducción de los impuestos para las empresas lo que ha provocado una mayor desigualdad. Los efectos positivos esperados de estas medidas en muchos casos no se han dado. En Alemania, por ejemplo, la reducción de la tributación de las empresas no ha conducido a mayores inversiones por parte de las empresas. Al contrario: la tasa de inversión de la economía en su conjunto presenta una tendencia de descenso. Toda agenda tributaria progresistas debería corregir, por lo tanto, los errores de la política fiscal de las dos últimas décadas.

Un aspecto especialmente importante es la corrección de la distribución patrimonial totalmente descontrolada. En este contexto se ofrecen especialmente el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio. Esta opción sería especialmente relevante para aquellos países que tienen que contar a largo plazo con una tasa de crecimiento reducida de su producto social porque en estos las rentas de capitales provocan permanentemente una concentración patrimonial.

En países con alto nivel de endeudamiento, en los que la reducción de la deuda no funciona a pesar de grandes sacrificios de la población, casi siempre sólo queda el recurso a la reconversión de la deuda o una quita. En estos casos deberían ser sobre todos los adinerados los que realicen una aportación justa en forma de una tasa única sobre el patrimonio o empréstitos forzosos con intereses bajos o nulos.

Una mayor tributación de las rentas altas y los grandes patrimonios, así como de las empresas que se sustraen a sus responsabilidades tributarias sólo podrá implementarse de forma efectiva si se consiguiesen por fin normas internacionales que vayan minorando la competencia fiscal, armonicen las leyes fiscales, sequen los paraísos fiscales y aseguren el intercambio automático de información entre las autoridades tributarias.

3.4. Medidas indirectas y complementarias

Las reformas iniciadas hasta la fecha no son suficientes en absoluto para evitar una nueva crisis financiera o por lo menos para limitar las consecuencias de una crisis a aquellos que la hayan provocado. La cuestión está en impedir aquellas actividades económico-financieras cuyo beneficio macroeconómico no esté en proporción al riesgo. En el foco se sitúa la cuestión de la responsabilidad. A pesar de todas las reformas de los últimos tiempos, la dotación de capital propio de los bancos y otros agentes financieros sigue siendo totalmente insuficiente. Los especuladores pueden seguir confiando en que en caso de siniestro vayan a intervenir los Estados y con ellos los contribuyentes. La tentación de un comportamiento irresponsablemente arriesgado permanece. Y eso vale sobre todo para las entidades que por su tamaño son considerados supuestamente “Too Big To Fail”, demasiados grandes como para fallar.

4. A modo de resumen: La necesidad de acciones conjuntas y las alianzas posibles

La profunda crisis económica, social y política que sacude desde 2008 a las naciones del primer mundo y se expande por todo el planeta colocó a los pueblos y naciones de las regiones periféricas y dependientes frente a un reto mayúsculo: que los costos de la superación de esta nueva crisis no se carguen sobre las espaldas de las y los trabajadores y los pueblos.

En la actualidad asistimos al desarrollo de una crisis internacional de largo alcance y amplias dimensiones que nos exige cuestionar el modelo neoliberal hegemónico, impuesto desde hace más de tres décadas. Sin embargo, hasta el presente los países centrales han ensayado respuestas meramente coyunturales que consisten en la aplicación de políticas que conservan la misma lógica de aquellas otras responsables de su desencadenamiento. Lo que ha conducido a una profundización de los efectos más perniciosos de la crisis, con un impacto innegable sobre las mayorías sociales. Se hace cada vez más evidente que las políticas aplicadas a favor de las corporaciones y el rescate a los bancos en lugar de a los pueblos profundizan el desempleo, la desigualdad y la exclusión social

Ante ello, nos congrega el convencimiento de que la salida a la crisis requiere una respuesta urgente y estructural, con la participación ineludible de los partidos de izquierda y progresistas, del sindicalismo, los movimientos de las y los trabajadores, así como de las diversas expresiones colectivas del campo popular: movimientos sociales, campesinos, ambientalistas, estudiantiles, feministas, de las juventudes y la niñez, de los Derechos Humanos, por la defensa de las víctimas de violencia, por la diversidad sexual, anti-represivos, de los pueblos originarios, productores de la economía social y solidaria, organizaciones por los derechos de migrantes, educadores y promotores del arte y la cultura, entre otros. Hoy, en el siglo XXI globalizado, la humanidad solamente podrá resolver sus desafíos existenciales actuando conjuntamente, avanzando en la reformulación de las asimetrías históricas entre el norte y el sur y dotando a las instituciones globales de capacidades para regular las tensiones, desequilibrios y conflictos propios de este proceso.

La Comisión Mundial para el Medio ambiente y el Desarrollo,  establecida por las naciones unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como aquel “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”

La noción de Desarrollo Sustentable aparece como una alternativa que se enfrenta a la matriz de pensamiento neoliberal; una forma de comprender y organizar los aspectos esenciales de la vida social desde una nueva lógica; una respuesta construida por y para las mayorías populares que reafirme los pilares del trabajo decente; la distribución de la riqueza; la democracia participativa; la igualdad entre géneros; la integración regional priorizando la articulación en las negociaciones internacionales y la consolidación de posiciones comunes en temas de interés compartido y el intercambio de experiencias exitosas entre los gobiernos; la protección e inclusión social de todas y todos, inter-generacional y ambiental, integrando así las dimensiones económica, social, ambiental y política.

Ante los enormes desafíos no debemos caer en un estado de paralización, por el contrario es tiempo de actuar y formular posibilidades concretas para un cambio. En nuestras sociedades hay muchas voces críticas, pero también un potencial solidario y emancipatorio. Por eso es más importante que nunca que los partidos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil recojan ese impulso y promuevan la discusión y el desarrollo de alternativas. Lo que necesitamos son soluciones concretas para acometer los problemas actuales, pero que también vayan más allá, estableciendo los fundamentos para sociedades con mayor justicia social.

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