México
Como ha ocurrido en otros países, en México la democracia está sufriendo el embate de un proyecto populista desde el gobierno. La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, fue posibilitada por un sistema de democracia electoral que garantizó el procesamiento legal y legítimo de su triunfo. Pero, una vez instalado en el Palacio Nacional, ha minado y atacado ese andamiaje para suprimirlo y establecer el monopolio del partido político que encabeza.
Habrá de recordarse que, durante décadas, México fue gobernado por un régimen de partido hegemónico. Era la dictadura perfecta, en palabras del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, residente de las tierras aztecas durante largos años: a diferencia de la secuela de golpes de Estado y cuartelazos militares que determinaron la historia de muchos países de América Latina durante el siglo XX, se impuso una hegemonía autoritaria que se renovaba cada sexenio mediante elecciones simuladas, en las que siempre ganaba el partido oficial. Éste tenía el monopolio del Congreso, de todos los niveles de gobierno y del Poder Judicial, mientras que a la oposición se les reprimió selectivamente y se le mantuvo fuera del acceso a los cargos de gobierno y de representación.
Uno de los pilares del sistema autoritario era el control que el gobierno ejercía sobre las elecciones. A su conveniencia, integraba los listados de electores, instalaba las mesas receptoras, designaba a incondicionales para la recepción de los votos, dominaba el cómputo, desechaba en automático toda impugnación y validaba el triunfo que favorecía casi siempre a los candidatos de su partido.
Tras grandes sacrificios y muchas movilizaciones civiles, las fuerzas políticas acordaron una transición democrática que, gradualmente, avanzó para establecer un sistema electoral competitivo, cuya pieza central es el Instituto Nacional Electoral. Este es un órgano constitucional autónomo encargado de organizar los comicios en forma imparcial y profesional. Junto con la creación de la jurisdicción electoral para la resolución legal de controversias (antes inexistente), el INE permitió la alternancia de partidos en la Presidencia de la República, en las gubernaturas y los gobiernos municipales, lo que a partir de la segunda década del presente siglo se ha logrado sin conflictos poselectorales.
El gobierno de AMLO pretende destruir al INE y hacer retroceder el pluralismo político. Recortes arbitrarios al presupuesto del INE, campañas de desprestigio contra las autoridades electorales, intentos de cooptación y penetración, no le fueron suficientes. Buscó su supresión mediante una reforma constitucional y, al no alcanzar la mayoría necesaria en el Congreso, propuso un “plan b” de reformas a las leyes secundarias para continuar su intención destructiva. La aprobación de este plan se prevé para el mes de febrero. De concretarse, constituiría un golpe letal a la democracia mexicana.
Durante los últimos meses del año pasado, organismos internacionales como la Convención de Venecia, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch, manifestaron su preocupación por el intento antidemocrático. La ciudadanía mexicana ha respondido con grandes movilizaciones de protesta (como la del 13 de noviembre y la que se convocó para el próximo 26 de febrero) y se anunció la interposición de toda clase de recursos jurídicos. Llamamos a la comunidad internacional a que acompañen estas iniciativas con pronunciamientos y su solidaridad ante esta embestida contra la democracia.
