Con el aumento dramático de la desigualdad en y entre los diferentes países, pero también debido a los movimientos y las protestas sociales en numerosas sociedades, así como los movimientos de huida y migración que van en aumento a nivel internacional, la cuestión social vuelve a estar en el centro del debate político en la sociedad. Una de las causas principales que provocan esta discusión es sin duda el alto nivel de desigualdad que existe actualmente. Con una reducción de la desigualdad se consigue más prosperidad económica y un mayor nivel de movilidad social, justicia intergeneracional, disminución de la pobreza, mejores oportunidades en cuanto a la salud y las condiciones de vida, más cohesión social y participación política. La lucha contra la desigualdad seguirá siendo una de las tareas clave en los próximos años ya que para la constitución futura del mundo y la cohesión de la sociedad será menos relevante si la globalización aumenta aún más el patrimonio de los ricos, sino bien al contrario, el factor fundamental será si logramos reducir las diferencias en cuanto a las oportunidades de participación en los ámbitos social, económico y cultural y si la contribución a solucionar los problemas medioambientales es compartida de forma justa por todos los actores implicados.
Sin embargo, las tendencias van claramente en otra dirección, como en el caso de la concentración del patrimonio, las diferencias de la renta de trabajo, la disociación entre el crecimiento económico sostenible y la prosperidad material, así como las grandes diferencias en los esfuerzos de adaptación a las consecuencias del cambio climático. También el Informe Global de Riesgos de 2014 del Foro Económico Mundial en Davos estima que las fuertes disparidades de ingresos causarán «un daño grave» en la próxima década en todo el mundo y considera que este es uno de los riesgos más probables. Parar y revertir la creciente tendencia de desigualdad es una tarea central de los próximos años.
La dimensión actual de la desigualdad
La desregulación de los mercados financieros y la globalización acelerada de los mercados de productos, de finanzas y de trabajo ha cambiado fuertemente la distribución de los ingresos y del patrimonio en los últimos treinta años a nivel mundial. Es cierto que las disparidades de ingresos entre países ricos y pobres han disminuido levemente en términos del PIB per cápita desde 2007 (después de un fuerte aumento entre 1980 y 2000) como consecuencia de las tazas de crecimiento altas en los países emergentes y de desarrollo y debido a la mayor demanda de materias primas en terceros mercados. Cabe constatar, sin embargo, que en la mayoría de estos países estas disparidades han aumentado y la tendencia al alza aún continúa. Muchos países, especialmente en Asia, están en un proceso de aproximación al nivel económico de Occidente, pero los que más se benefician de ello son las élites (el diez por ciento de arriba), y en menor medida también una nueva clase media, mientras que las ventajas para los que se encuentran en la parte inferior de la escala de ingresos son casi inexistentes. En el hemisferio norte la clase media está bajo presión debido a la fuerte concentración de la riqueza y los mercados laborales liberalizados. Por eso la desigualdad global que es la combinación de la desigualdad en y entre Estados, sigue aumentando.
El incremento de la desigualdad de ingresos es el resultado de varias tendencias interconectadas: Por un lado, en todo el mundo la distribución funcional de los ingresos entre la renta de trabajo y la renta de capital ha experimentado un cambio que va claramente en desventaja de los salarios. Por el otro, las diferencias en la renta de trabajo han aumentado, alcanzando a veces niveles dramáticos. Lo que vemos aquí es una combinación de cada vez más condiciones de empleo atípicas mientras que los ingresos en las juntas directivas se van multiplicando. Además, en muchos sitios el crecimiento económico está disociado de la prosperidad de grandes partes de la población, lo cual se debe entre otros factores a una asimetría de las relaciones comerciales. Muchos países, por ejemplo, apostaron por un modelo de crecimiento extractivo debido a la creciente demanda de materias primas y unas cadenas de creación de valor injustas. Es posible que este modelo haya aumentado el crecimiento económico a nivel nacional, pero el mismo no es para nado inclusivo. Además, las políticas fiscales y de transferencias sociales apenas o menos que antes reequilibran la distribución de los ingresos individuales determinada por los mercados. En muchos países se han reducido considerablemente los impuestos progresivos en las últimas décadas. Casi en todas partes el impuesto sobre la renta de capital es mucho menor que el impuesto sobre la renta de trabajo. Se ha creado toda una industria en torno a los grandes consorcios cuyo único fin es evitar impuestos (llamándolo eufemísticamente “optimización de impuestos”).
Más fuerte que la distribución desigual de los ingresos es la desigualdad del patrimonio. El estudio más reciente de Oxfam sobre la desigualdad muestra que a nivel global el lema del movimiento norteamericano Occupy Wall Street «Nosotros somos el 99 por ciento» ya no es ninguna exageración sino de hecho vivimos en una economía destinada a ese uno por ciento: El 1% de la población mundial posee más que el otro 99% juntos. Mientras que en 2014 las 80 personas más ricas en el mundo tuvieron un patrimonio igual al de la mitad más pobre de la humanidad, en 2015 estas personas fueron solamente 62, y parece que aún no hemos llegado al punto culminante de la desigualdad.
En vista de 400 millones de personas llamadas los «working poor» que a pesar de tener un trabajo viven en extrema pobreza, y dado el alto porcentaje de trabajos informales, especialmente en los países del sur, tres cuartos de la humanidad que viven sin protección social, violaciones masivas de los derechos de trabajadores y sindicalistas, vemos claramente que los mercados cada vez más desregulados o no regulados son factores que contribuyeron significativamente al actual nivel de desigualdad.
Una tarea principal que forma parte de la lucha contra la desigualdad es la lucha contra la desigualdad de género. Demasiado a menudo las mujeres y niñas se enfrentan a desventajas y discriminación. Esto se nota en todos los sectores de la sociedad, incluido el mercado laboral, la salud, la educación, la política, así como en el hogar cuando se trata de las tareas domésticas. El empoderamiento de las mujeres no es solamente importante para el desarrollo personal y la libertad de las mujeres, sino también es un factor clave para el desarrollo social y económico de los países en todo el mundo.
La desigualdad económica tiene graves efectos sociales: En primer lugar es un problema de normatividad de la justicia ya que se ha sobrepasado el límite de lo que la mayoría de la gente normalmente está dispuesta a aceptar como una remuneración justa o que refleja un rendimiento de trabajo real. Pero una distribución muy desigual de la renta y la riqueza también tiene efectos económicos, sociales y políticos muy concretos: Una fuerte y constante desigualdad es perjudicial para la prosperidad económica, además de ser la causa fundamental de muchos otros problemas sociales. La desigualdad consolida la estructura social existente de las relaciones de poder y de las oportunidades, impidiendo la movilidad social e intergeneracional y dificultando la lucha contra la pobreza. Además, amenaza la paz social y la estabilidad política, alienta el extremismo y a largo plazo va socavando la democracia. También en las llamadas democracias establecidas la desigualdad material creciente conduce al dominio de élites financieras potentes en la toma de decisiones. De esta manera el poder del pueblo se va convirtiendo e una plutocracia donde lo que reina es el dinero. Al mismo tiempo, la desigualdad aumenta una sensación entre las partes de la población con menores ingresos de haber sido abandonados, y así se crea un caldo de cultivo para el populismo y el extremismo en muchos lugares.
Otro efecto negativo del enorme crecimiento económico de los últimos 30 años es la explotación excesiva de los recursos naturales. Hoy en día, las presiones sobre el sistema terrestre causadas por las actividades antropogénicas han alcanzado un nivel en el que ya no se puede excluir que se produzcan cambios bruscos en la situación medioambiental global. En el fondo, este problema también está relacionado con las cuestiones de justicia global porque las cargas y los riesgos que son el resultado de la contaminación del medio ambiente y del cambio climático están distribuidos dentro de las sociedades y entre los diferentes países de forma muy desigual. Evidentemente es injusto que aquellos países que menos contribuyeron al cambio climático y a menudo disponen de pocas capacidades de adaptación sean los países más afectados. Muchos países del sur global, y en primer lugar los Estados insulares y los países menos desarrollados, sufren fuertemente por los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, la subida del nivel del mar y la amenaza para su seguridad alimentaria a causa de sequías, inundaciones o fuertes tempestades. Para ellos, el cambio climático ya es una catástrofe real y una amenaza existencial hoy en día. Aquellos países que principalmente causaron los problemas ecológicos de hoy con sus comportamientos de consumo y sus modelos económicos de crecimiento no sostenibles y basados en la utilización masiva de recursos, son los que hasta hoy sufren menos de esas consecuencias y a menudo tienen la posibilidad de minimizar sus riesgos, por ejemplo mediante amplios sistemas de seguro y el empleo de tecnologías avanzadas.
Justamente en los tiempos de la globalización, de rápidas transformaciones sociales, la pérdida de tradiciones y una industria mediática y cultural bajo la presión de los medios dominantes y el capital, la protección y conservación de las raíces culturales es algo imprescindible ya que esas raíces son la base de la identidad cultural de las generaciones actuales y futuras. Para aumentar el interés en la riqueza cultural dentro de la sociedad y promover una comprensión diferenciada de la cultura, es necesario, además de invertir en infraestructura cultural y educación, reflexionar más profundamente sobre el legado cultural. En este sentido, los países no solamente se enfrentan al desafío de conservar el legado cultural material e inmaterial pasado de generación a generación en los ámbitos del arte, la música, el idioma o la arquitectura, sino también a la tarea de asegurar un acceso universal a estos bienes para toda la ciudadanía.
No obstante, la diversidad cultural, las artes, las ciencias culturales o la economía creativa no son sólo indispensables para la identidad, sino también para la justicia social y una democracia viva ya que crean valores, dan orientación y brindan oportunidades de participación, así que cumplen la función de entretenimiento, pero también de un correctivo social. Por lo tanto, tareas clave de una agenda progresista son la creación de un entorno y condiciones generales favorables para el desarrollo de las artes, así como la garantía de oportunidades de participación en actividades culturales. Quien exige justicia debe fomentar de la misma manera la participación cultural y luchar contra la exclusión.
De ahí podemos concluir que el desarrollo humano en las próximas décadas (y a partir de 2050 para nueve mil millones de personas) debe ser más justo en el ámbito social y cultural, respetando al mismo tiempo los límites ecológicos del sistema terrestre.
Las tareas del futuro: Desarrollar políticas para combatir la desigualdad
- Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): Un primer enfoque es la implementación de los ODS. Además del trabajo digno se trata en primer lugar del objetivo 10 de reducir la desigualdad. Hasta hace pocos años era aún imposible pensar que la reducción de la desigualdad formara parte de un catálogo de objetivos globales. Efectivamente, este objetivo fue un punto bastante polémico en las discusiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible debido a la evidente sensibilidad política de este tema. El objetivo de desarrollo sostenible de reducir la desigualdad contiene entre otras las siguientes metas: la inclusión social, económica y política; eliminación de leyes discriminatorias; políticas fiscales, salariales y de protección social para lograr una mayor igualdad; reglamentación de los mercados financieros mundiales; mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones financieras internacionales; migración y movilidad seguras, regulares y responsables y políticas migratorias planificadas; un trato diferenciado para los países en desarrollo de conformidad con los acuerdos de la OMC; reducir los costos de transacción de las remesas de los migrantes.
- Política fiscal: Para reducir paulatinamente la creciente desigualdad, pero también para apoyar a los países (sobre todo los del sur global) en sus esfuerzos por movilizar suficientes recursos nacionales, entre otras, para la ampliación de los sistemas de educación y de salud, se requiere un nuevo enfoque de justicia fiscal. En primer lugar hay que facilitar la creación de sistemas tributarios y fiscales eficientes a nivel nacional. Esto incluye el establecimiento de infraestructuras apropiadas, por ejemplo, el registro de tierras y el control fiscal, así como el fomento de la buena gobernanza. Además, cabe poner fin a la salida ilegal de capital debido al fraude y la evasión fiscal porque como consecuencia de impuestos sobre sociedades no pagados los países del sur global pierden más medios financieros de los que reciben a través de la ayuda oficial al desarrollo (ODA). Esta situación les impide invertir, por ejemplo, en programas gubernamentales centrales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Requisitos de información a nivel de los países, un intercambio automático de información fiscal entre todos los países, una reforma de la tributación de las grandes empresas transnacionales y medidas para combatir paraísos fiscales son importantes pasos para implementar este enfoque. La AP debería abogar por la creación de una organización fiscal internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas que debería coordinar los diferentes proyectos.
La falta de transparencia de las instituciones sigue siendo un desafío enorme. Es nuestra obligación promover mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, además de establecer los instrumentos legales que permitan a los ciudadanos denunciar casos de corrupción. No debemos permitir la corrupción, la desviación de recursos públicos o el incumplimiento de las leyes en nuestros países.
- Preservar y ampliar el estado de bienestar: Se trata de medidas reglamentarias clave destinadas a asegurar la solidaridad organizada, participación social y justicia, mayor igualdad de oportunidades, emancipación y protección contra penurias existenciales. Son medidas de seguridad como los seguros de salud, pensión, contra accidentes e invalidez que protegen a los ciudadanos contra los riesgos de sufrir necesidades existenciales en la vejez en caso de invalidez, enfermedad, accidente o discapacidad laboral. La participación es la posibilidad de involucrarse en el desarrollo social y político. La emancipación es la libertad de vivir la propia vida en autodeterminación. Mientras mejor esté desarrollado el Estado del bienestar, mayores son sus posibilidades de proteger a los ciudadanos contra los principales riesgos en la vida sobre una base solidaria. Para que los costos necesarios para la ampliación del Estado del bienestar sean aceptados como un consenso en la sociedad, las prestaciones ofrecidas deben ser transparentes y accesibles para todos los ciudadanos, y debe haber una distribución justa de estos costos dentro de la sociedad y entre las diferentes generaciones.
- Transferencias públicas directas: Pagos de transferencia sirven para paliar la situación de las personas con menos ingresos con el fin de corregir las injusticias de distribución. Tales medidas pueden ser diferentes formas de una protección mínima como una ayuda social en función de las necesidades y/o basadas en determinadas condiciones como las transferencias monetarias condicionadas tipo Bolsa Familia o «pisos de protección social» de acuerdo con el modelo propuesto por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2012. Estos pisos de protección social prevén un mínimo esencial de servicios de salud y un ingreso mínimo básico universal, y establecen unos principios generales para tal protección social mínima.
- Trabajo digno en todo el mundo: Medidas a corto y largo plazo son, por ejemplo, una ampliación de la responsabilidad social de las empresas y obligaciones vinculantes para la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas a lo largo de las cadenas de creación de valor, el establecimiento de una protección social básica y la introducción de salarios dignos para institucionalizar también materialmente los derechos humanos por todas partes, el apoyo al movimiento sindical internacional y a la OIT en su lucha por establecer normas laborales básicas, una reestructuración de la contratación pública, así como acabar con el dumping salarial y las políticas proteccionistas contra los países vecinos.
- Promoción de la igualdad de género: La participación política, económica y social de la mujer es en primer lugar un derecho humano y una cuestión de justicia. Aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral es una forma de empoderar a las mujeres y redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto. Además contribuye a incrementar la renta nacional. La educación y la formación profesional son un elemento clave para mejorar las oportunidades de la mujer en el mercado laboral. Salario igual por trabajo igual no es una opción sino una condición imprescindible. Apoyamos la idea de cuotas de género como un instrumento intermedio para aumentar la representación política y económica de las mujeres como un paso sustancial hacia la igualdad con el objetivo de alcanzar una democracia basada en la igualdad de género.
- Los jóvenes como agentes de cambio: En todo el mundo los jóvenes tienen dificultades a la hora de entrar en el mercado laboral. Hoy en día, casi la mitad de las personas desempleadas en el mundo son jóvenes. El acceso al mercado laboral depende en gran medida de los resultados de la educación obtenidos anteriormente. El fortalecimiento de la educación pública gratuita es fundamental para mejorar las condiciones bajo las cuales los jóvenes entran en el mercado laboral y para minimizar los desequilibrios existentes en el mismo en cuanto a la demanda y oferta de trabajo. Es necesario buscar estrategias para crear puestos de trabajo dignos para los jóvenes, facilitar la transición de la escuela al trabajo, aumentar las capacidades y cualificaciones profesionales, mejorar el acceso a medidas de formación, asegurar la calidad de los puestos de trabajo nuevos y de los ya existentes, y reducir los tiempos en los que los jóvenes estén sin empleo. Las altas tazas de desempleo juvenil también son un desastre a nivel personal y crean una situación que puede causar la desconfianza en la democracia y el apoyo a movimientos radicales y extremistas. La juventud es el futuro, pero también es el presente. Es imprescindible adoptar un paradigma en el que los jóvenes no solamente sean aceptados como sujetos con derechos legales, sino que se conviertan en importantes agentes de un cambio social.
- Fortalecer los sindicatos: La estructura de los sueldos y salarios, pero también la calidad de las condiciones de trabajo a menudo dependen del papel que ejercen las instituciones del mercado laboral, sobre todo los sindicatos. Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que garanticen y protejan los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Deben asegurar los derechos de los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse, así como a realizar negociaciones colectivas con sus empleadores. El objetivo es que los sindicatos fortalezcan sus capacidades de aplicación y ejecución de sus intereses y acuerdos en las empresas, en las interacciones con las instituciones púbicas y en el debate social. Para alcanzar una asignación justa de los márgenes de maniobra para la distribución de los recursos económicos, el modelo de los interlocutores sociales y el diálogo social tripartito tienen que jugar un papel fundamental y el derecho a la libre asociación es una condición previa para ello.
- Política del salario mínimo: Una reducción de la brecha de los ingresos «desde abajo» se podría alcanzar, por ejemplo, mediante salarios mínimos establecidos por el gobierno o una comisión independiente, o como un porcentaje del salario medio. Tal salario mínimo podría ser universal para todos o variar según los sectores industriales o regiones de un país. Pero también en este caso es importante que sobre todo los sindicatos estén involucrados en la fijación del salario mínimo específico.
- Presupuestación pública: Otro elemento de una política progresista centrada en la distribución podrían ser mecanismos democráticos para la codecisión sobre partes de los presupuestos públicos. Ya hay experiencia en este ámbito, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa.
- Reglamentación de los mercados financieros: Tanto para fortalecer la estabilidad como para implementar políticas de distribución otras medidas para reglamentar los mercados financieros son de gran prioridad. Las reformas iniciadas hasta ahora son más que insuficientes para que una nueva fuerte crisis financiera sea altamente improbable o que por lo menos sus consecuencias estén limitadas a aquellos que provoquen este tipo de crisis. Básicamente se trata de impedir actividades financieras o hacerlas económicamente poco atractivas para los actores en los mercados financieros si su beneficio económico no está en ninguna relación con los riesgos macroeconómicos que las mismas implican. En el enfoque del debate debe estar el problema de la responsabilidad. Incluso después de la implementación de las reformas adoptadas hasta ahora, los bancos y otros actores financieros tendrán solamente una tasa de capital propio que es completamente insuficiente para cumplir el requisito de poder compensar las pérdidas en caso necesario. Si todos los actores del mercado financiero entienden que en caso de pérdida no se responsabilizará o se responsabilizará sólo parcialmente a los que la causaron y que gran parte de esas pérdidas se pueden transferir a terceros (inversionistas, fondos para el rescate bancario, el Estado) los incentivos para actividades de riesgo irresponsables siguen en pie. Esto precisamente es el caso de instituciones que meramente por su tamaño o sus conexiones son «demasiado grandes para fracasar». Mayores cuotas del capital propio y nuevas reglas de la gobernanza empresarial (incluidas las estructuras de remuneración de los directivos) son los temas a resolver.
- Gestión de la migración: Además de las medidas a corto plazo para paliar la situación de los refugiados (en los países de tránsito y de acogida) y a largo plazo para mejorar las condiciones de vida en los países de origen en el futuro será necesario gestionar la migración global: Esto incluye abrir vías legales para la migración, asegurar la financiación necesaria a través de la creación o ampliación de fondos para la migración y los refugiados a nivel regional o global, así como promover acuerdos regionales y posiblemente bilaterales sobre la migración circular y normas de trabajo y de salud, pero también la reducción de los costos de transacción de las remesas de los migrantes.
- Transición energética internacional: De ninguna manera es posible evitar una reestructuración global de los sistemas de energía. El crecimiento de la población, el aumento de la demanda de energía, la escasez de recursos y los graves daños del medio ambiente y del clima muestran que tenemos que crear sistemas de energía que aseguren un abastecimiento de energía seguro y asequible para todas las partes de la población, y que al mismo tiempo protejan el medio ambiente y el clima. En resumidas cuentas tenemos que abandonar las fuentes de energía nuclear y fósiles y apostar por energía renovable, mayor eficiencia y una reducción del consumo en términos absolutos. Con este propósito, la investigación y la transferencia de tecnología serán tan importantes como la descentralización y la democratización de las redes de energía.
- Política climática internacional: La Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en París fue todo un éxito. Pero ahora se trata de implementar las resoluciones tomadas para limitar el calentamiento global y crear justicia climática. Para alcanzar el objetivo aprobado en París de mantener el calentamiento global por debajo de dos grados es necesario iniciar una rápida descarbonización de nuestro sistemas económicos y optar por formas de desarrollo con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, a corto plazo también hay que tomar medidas contra daños y pérdidas casados por el clima las cuales ahora también fueron incluidas en el acuerdo. Entre las medidas adoptadas figuran, entre otras, medidas para mitigar catástrofes humanitarias relacionadas con el cambio climático, como, por ejemplo, sistemas de alerta temprana o la gestión de riesgos. Sobre todo desde la perspectiva de los países más vulnerables es necesario mantener una fuerte presión política en los próximos años para que se implementen las acciones adecuadas.
- Política cultural progresista: Una política cultural progresista no solamente persigue el objetivo de asegurar justicia en cuanto a la participación cultural, contribuir a la formación de la identidad y de la sociedad del conocimiento, sino también contribuye a elevar el nivel del debate socio-cultural y a organizar la convivencia cultural en sociedades en transformación en un mundo globalizado. Entre los instrumentos para implementar esta política figuran una educación integral basada en valores, inversiones en las instituciones culturales, un compromiso con la Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio de la Humanidad, una remuneración y protección apropiada de los actores del ámbito de creación artística y la cultura, así como un análisis crítico de los efectos que puedan tener los acuerdos comerciales internacionales sobre el mundo de la cultura y los medios de comunicación.
La ALIANZA PROGRESISTA brinda la oportunidad de trabajar en una alianza fuerte de la familia política progresista, el movimiento sindical y los actores de la sociedad civil para llevar adelante los objetivos de esta agenda progresista.
