Cuatro preguntas a Conny Reuter, Secretario General de SOLIDAR
1) En tiempos de crisis y medidas de austeridad se ha considerado que la protección social es un costo que se debe reducir. Se dice que la protección social es un costo que los países no se pueden permitir (también en Europa las políticas de austeridad implicaron recortes de los gastos para la protección social). ¿Cuál es la visión de SOLIDAR con respecto a este tema?
Conny Reuter: En primer lugar, la seguridad social es un derecho humano: hace más de sesenta años, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.
Sin embargo, en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, de Norte a Sur y Este a Oeste, vemos que el acceso a una protección social adecuada sigue siendo un privilegio para unos pocos: El 73% de la población mundial no tiene acceso a sistemas amplios de seguridad social (es decir, que la cobertura es únicamente parcial o inexistente); 9 millones de niños por debajo de los cinco años mueren cada año a causa de enfermedades que en gran parte son evitables; 1.400 millones de personas viven del vergonzoso “indicador de 1,25 USD por día” (Imaginémonos la situación en la que nos deja este ingreso, lo que ocurre en caso de tener que pagar la atención médica o el transporte de los niños a la escuela o el hospital más cercanos…).
Cuando estalló la crisis financiera y económica en 2008, en su primera fase (2008-2009) se volvió a prestar atención a las medidas de protección social como mecanismos de estabilización económica (y social): gracias a los beneficios sociales las personas que perdieron su trabajo aún tendrían acceso a determinados bienes y servicios. En otras palabras, la atención que se dio a la seguridad social fue motivada por la voluntad de mantener la demanda y el crecimiento. La primera fase de la crisis fue marcada por un consenso global de política anticíclica liderado por el FMI que hizo hincapié en la necesidad de estímulos fiscales para mantener la demanda y para “evitar la repetición de un escenario de la Gran Depresión” . Siguiendo esta prioridad, gobiernos en todo el mundo adoptaron medidas anticíclicas e incrementaron el gasto público.
Sin embargo, el período de medidas anticíclicas o del incremento del gasto público se vio remplazado pronto (en 2010) por la creencia de que el gasto público se debería restringir con el fin de consolidar los presupuestos y financiar los déficits públicos causados por la crisis. Empezó el período de austeridad (tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados). Entre las principales medidas de ajuste adoptadas figuraron las reformas de los sistemas de pensiones y de la salud para reducir sus costos: 39 y 25 países de nivel de ingresos alto, respectivamente, optaron por este tipo de recortes. Las personas más vulnerables, los ancianos, los discapacitados, los enfermos, los pobres, los trabajadores tuvieron que pagar la factura de la crisis.
Hoy podemos constatar claramente que las políticas ciegas de consolidación fiscal fracasaron. Los recortes de beneficios sociales, a menudo anticonstitucionales (como las reformas de pensiones en Portugal y Rumanía) no dieron ningún empuje a la economía sino, al contrario, consolidaron el modelo de crecimiento económico lento y dejaron a más personas en una situación de pobreza y privaciones sociales.
Lo peor es que según la OIT “hay un número preocupante de países que en 2013-2015 están experimentando una excesiva contracción fiscal, definida como un recorte del gasto público por debajo de los niveles de antes de la crisis”, y a pesar de afirmaciones tranquilizadoras, se prevé que esta situación continuará hasta 2016 .
Los defensores de la austeridad parecen ignorar el hecho de que la protección social no es un costo sino una inversión en las personas con beneficios sociales y económicos muy altos.
En realidad, únicamente las personas que gozan de buena salud y están bien capacitadas podrán contribuir a la vida económica, social y cultural de sus comunidades, tienen mejores oportunidades para encontrar trabajo digno y llevar una vida digna.
Además, los datos disponibles muestran que no existe un compromiso entre productividad alta y un gasto social alto: ambos pueden coexistir y de hecho algunas de las economías más abiertas tienen un gasto social alto (como, por ejemplo, Dinamarca, Suecia o Finlandia).
Como ya se ha indicado, la crisis ha recalcado el papel de la seguridad social como un mecanismo de estabilización económica y social. Ahora se acepta ampliamente que la protección/seguridad social sirve como estabilizador económico y social en tiempos de crisis. Países con sistemas ya existentes están en mejor posición para afrontar las consecuencias de la crisis que aquellos que tienen que introducir nuevas medidas específicas para paliar sus efectos.
Ciertamente, el problema de financiar la protección social es una cuestión a tomar en serio; no obstante, hay muchas opciones políticas disponibles, desde políticas regresivas, como un aumento del I.V.A. que todos, incluidos los de ingresos menores, tendrán que pagar, hasta opciones más progresistas como la implementación de medidas para luchar contra la evasión fiscal, paraísos fiscales y la corrupción. Con la restricción de los flujos financieros ilícitos, por ejemplo, se podrían generar enormes cantidades: ¡en 2009 la suma de 1,3 billones de USD salió de los países en vías de desarrollo que es diez veces más que la cantidad de ayuda recibida!
Para concluir, la protección no es solamente un costo sino es una inversión en las personas que hace posible la transformación social. Se pueden desarrollar elementos de un piso de protección social en cualquier nivel económico. Tenerlo o no tenerlo no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de voluntad política: no hay nadie que sea demasiado pobre para compartir. Esta es la idea por la aboga SOLIDAR.
2) SOLIDAR realiza campañas en favor del derecho a la protección social para todos y precisamente por la implementación de la Recomendación de la OIT sobre pisos de protección social. ¿Por qué es tan importante y qué dice el texto de esta Recomendación?
Conny Reuter: En junio de 2012 la Conferencia General de la OIT (gobiernos, trabajadores y representantes de los empresarios) que representa 185 países adoptó la Recomendación Nº 202 (R202) sobres los pisos de protección social (PPS).
Anteriormente, el órgano ejecutivo principal de la ONU había lanzado en 2009 la iniciativa relativa a un pisos de protección social (PPS-I) como una de las iniciativas contra la crisis conjuntas de la ONU para fomentar acciones comunes de la ONU a nivel global y local con el fin de promover el acceso a servicios esenciales y transferencias sociales para los pobres y vulnerables.
La adopción de la Recomendación de la OIT R202 mostró que existe un amplio consenso sobre el derecho de toda persona al acceso de un piso de protección social (a ser definido a nivel nacional) y que estos pisos deberían comprender cuatro garantías básicas de seguridad social:
a) acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que constituyen la atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad, que cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad;
b) seguridad básica del ingreso para los niños, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios;
c) seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; y
d) seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional.
Las garantías deberían asegurarse durante todo el ciclo de vida (infancia, adolescencia, edad adulta y vejez).
En otras palabras, la Recomendación constituye un acuerdo sobre servicios esenciales y medidas de ayuda de ingresos que todos los gobiernos deberían facilitar a su población. La misma da una definición clara y un marco político común para la implementación de una protección social para todos, y, por lo tanto, la aplicación completa del artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y, además de las garantías, la Recomendación contiene por primera vez un acuerdo sobre los principios que deberán guiar y dirigir las actividades de los gobiernos para establecer e implementar un PPS nacional. De hecho, la Recomendación fomenta 18 principios, incluidos algunos principios de derechos humanos centrales, como la no discriminación, la participación, la transparencia y la responsabilidad. Entre ellos nos gustaría recalcar los siguientes dos: 1) El principio de la “universalidad de la protección” (es decir, el principio de la protección social basada en la solidaridad social) y 2) El principio de la participación de “las organizaciones representativas de las personas interesadas” en la implementación, el monitoreo y la evaluación de los PPS nacionales. En otras palabras, la Recomendación reconoce la responsabilidad principal y general del Estado para asegurar la protección social para todos, reconociendo al mismo tiempo el papel clave que juegan los representantes de las OSC.
Muchos han criticado que el PPS brinda al gobierno una excusa para establecer pisos de protección social muy básicos y específicos para los pobres, olvidándose del resto de la población. Sin embargo, la Recomendación deja muy claro que la estructura y la implementación de los pisos de protección social a nivel nacional no deberían ser el final de los esfuerzos gubernamentales, sino que se trata simplemente de una base sobre la cual se deben establecer sistemas amplios de protección.
En resumidas cuentas, SOLIDAR opina que la Recomendación Nº 202 de la OIT es un verdadero hito de política social por lo menos por cuatro razones:
1) Se da una descripción clara de lo que debería ser un piso de protección social básico (las cuatro garantías);
2) Se indican los principios que deberán regir el establecimiento, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los PPS, reconociendo el papel de los representantes de las OSC en este proceso;
3) La recomendación consta que el piso no es el objetivo final, sino más bien un punto de arranque para establecer sistemas amplios de seguridad social. En otras palabras, ningún gobierno puede considerar que ha cumplido su tarea una vez que tenga establecido un piso de protección social básico; más bien debe sondear las posibilidades y las opciones políticas para extender el alcance y la institución de los beneficios.
4) Los pisos de protección social refuerzan el acuerdo social entre gobiernos y ciudadanos y fomentan la solidaridad nacional.
El verdadero desafío sigue siendo la implementación de la Recomendación. Para ello, las OSC tendrán que montar sus propios instrumentos de monitoreo para ejercer su función de control y asegurar la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos.
Finalmente, la Recomendación y el amplio consenso que representa podrían ser la base de un instrumento vinculante, como, por ejemplo, una Convención de la ONU sobre PPS nacionales.
3) La Recomendación de la OIT sobre Pisos de Protección Social Nacionales es muy importante para los países en vías de desarrollo con un bajo nivel de protección. ¿Pero también es relevante para Europa? ¿Acaso encierra un piso de protección social el riesgo de bajar las normas sociales en Europa?
Conny Reuter: En los países industrializados se ha comprobado ampliamente la eficiencia de las medidas de tipo de un piso de protección social a la hora de reducir la pobreza y combatir la desigualdad. Como se ha subrayado en el informe Bachelet, en los países de la OCDE el nivel de pobreza y desigualdad es aproximadamente la mitad de lo que se podría esperar si no existieran este tipo de medidas de protección social .
En otras palabras, la seguridad social reduce la pobreza en por lo menos un 50% en casi todos los países de la OCDE y la desigualdad de los ingresos en aproximadamente el 50% en muchos países europeos.
Desde una perspectiva más bien económica ya mencionamos que un alto nivel del gasto social es compatible con un alto nivel de productividad. Además, la crisis ha mostrado que los sistemas de seguridad social actúan automáticamente como estabilizadores económicos y sociales, ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y más allá, y contribuyen a la transición hacia una economía más estable (R202).
Sin embargo, esta evidencia no ha impedido que los gobiernos europeos (y no europeos) entraran en una fase larga (y aún no terminada) de la consolidación fiscal.
De hecho, como ya se mencionó, a partir de 2010 las inversiones sociales fueron recortadas fuertemente y resultaron en un aumento de las personas en riesgo de pobreza: en 2012, hubo 123 millones de personas en la Unión Europea que estaban en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) (7 millones más que en 2008), y hubo 800.000 niños más que en 2008 que vivían en pobreza. En 2012 la tasa de personas con trabajo y en riesgo de pobreza era del 9 por ciento en la UE, lo cual muestra que tener un trabajo no es sinónimo de seguridad de ingresos.
Entre los grupos de mayor riesgo de exclusión están los 20,1 millones de personas que viven en la UE, pero que no son ciudadanos europeos, así como los llamados “NEETs” que son jóvenes entre los 15 y 24 años que no están ni en empleo, ni en educación, ni en formación profesional. Con estos grupos hay mayor probabilidad de que carezcan de un piso de protección social.
En general, presenciamos un tipo de esquizofrenia en el discurso europeo: por un lado la UE pone la protección social muy arriba en su agenda de cooperación al desarrollo , pero las políticas de austeridad implementadas dentro de Europa han mermado fuertemente el modelo social europeo, por el otro.
Con este fondo, un seminario organizado recientemente por el Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS) y que contó con la participación de SOLIDAR, subrayó la necesidad de iniciativas legislativas a nivel de la UE para garantizar y asegurar la seguridad de ingresos para todas las personas que viven en Europa. Más detalladamente, el CIBS ha recalcado
1. la necesidad de que cada país de la UE adopte un salario mínimo interprofesional que se establece teniendo en cuenta los factores económicos locales.
2. Para cada Estado Miembro la Unión Europea debería establecer un nivel de ingreso mínimo garantizado que es la mitad de un ingreso medio observado en cada país.
4) SOLIDAR cree en el establecimiento de alianzas entre las fuerzas progresistas, los partidos, los sindicatos, las ONG y las asociaciones y movimientos sociales. En su opinión, ¿qué puede hacer una alianza progresista para fomentar el derecho a la protección social para todos en los niveles nacional, regional, continental y global?
Conny Reuter: Como ya se mencionó, el reto político al que nos enfrentamos es enorme:
• Más del 70% de las personas viven en inseguridad social; el 20% – 1,4 mil millones de personas – viven en miseria absoluta
• Entre 7 y 10 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años debido a la falta de acceso a atención sanitaria y la falta de seguridad de ingresos (acceso a alimentos)
• 2,6 mil millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios básicos,
• Alrededor de 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura,
• 925 millones sufren hambre crónica,
• 100 millones cada año caen en pobreza porque tienen que pagar por servicios de salud
Para superar esta situación una opción política razonable es invertir en el establecimiento de pisos de protección social nacionales y sistemas de seguridad social: sabemos de más de un centenario de historia del Estado de bienestar que las transferencias y los servicios sociales son instrumentos políticos potentes para combatir la pobreza, la inseguridad y la desigualdad y para alcanzar los ODM. Además, los servicios y transferencias sociales son una necesidad económica para desbloquear el potencial económico pleno de un país, solamente las personas que gozan de buena salud, tienen formación y están bien alimentadas pueden ser productivas. Por lo tanto, las transferencias de seguridad social son una herramienta clave para combatir la pobreza y la exclusión social y sin embargo la seguridad social no es utilizada lo suficientemente en las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y en favor del desarrollo.
S
OLIDAR quiere ser parte de la solución y cooperar con aliados, socios y actores interesados para ejercer presión y establecer la voluntad política necesaria.
Una Alianza Progresista sería fundamental para avanzar una agenda de política social fuerte. Precisamente debería hacer lo siguiente:
1) A nivel internacional y dentro del proceso después de 2015 la Recomendación del PPS debería “ser adoptada como guía para desarrollar un objetivo general de protección social en favor del desarrollo social en el marco de la agenda de desarrollo después de 2015″ (de acuerdo con la demanda de la Coalición Global para Pisos de Protección Social).
2) Dirigir el proceso en favor de una Convención de la ONU sobre Pisos de Protección Social para convertirlo de un instrumento “blando” (voluntario) (la R202 de la OIT) en un instrumento vinculante.
3) A nivel nacional, facilitar plataformas de PPS nacionales para contribuir al establecimiento de la voluntad política necesaria para asegurar que la protección social se haga realidad para millones de personas que hoy viven con inseguridad de ingresos.
Acerca de SOLIDAR
SOLIDAR es una red europea de ONG destinada a fomentar la justicia social en Europa y en todo el mundo. La red fue fundada en 1948 para promover la cooperación internacional entre organizaciones de ayuda social conectadas al movimiento obrero. La organización que llegó a conocerse primero como “Ayuda Obrera International (AOI)” estableció su sede central en Bruselas en 1995 y cambió su nombre a SOLIDAR.
Con 61 organizaciones miembro basadas en 27 países (de los cuales 22 son países de la UE), las organizaciones miembro son ONG nacionales en Europa, así como algunas organizaciones de la UE o fuera de la UE que trabajan en una o más de las cuatro áreas de actividades.
La red está unida por sus valores compartidos de solidaridad, igualdad y participación.
SOLIDAR expresa las preocupaciones de sus organizaciones miembro frente a la UE y las instituciones internacionales a través de sus actividades de presión, gestión y coordinación de proyectos, el monitoreo de políticas y la concientización en sus diferentes áreas políticas.
Conjuntamente con la CES y la CSI, SOLIDAR ha coordinado la campaña global de Trabajo Digno para una Vida Digna y su Llamamiento de Acción ha llegado a miles de personas dentro y fuera de Europa.
Desde 2007 SOLIDAR está llevando a cabo una campaña activa por el Derecho a Protección Social para Todos junto con el Grupo de Trabajo Europeo sobre Trabajo Decente y Protección Social en la Cooperación al Desarrollo, la Coalición Global por Pisos de Protección Social y los socios de su red global.
Conny Reuter, Secretario General de SOLIDAR
“El mundo no carece de recursos para erradicar la pobreza; carece de las prioridades adecuadas”,
Juan Somavía, ex Director General de la OIT
