Por qué hoy en día tenemos que luchar con más ahínco – por la justicia, los derechos humanos y la democracia

Por laureada Loretta Ann “Etta” P. Rosales, Presidenta Emérita de AKBAYAN, Filipinas

En nombre de AKBAYAN, me gustaría decir muchísimas gracias a la Alianza Progresista por el honor que nos han concedido a AKBAYAN y a mí misma.

Este tributo nos honra profundamente. Y en la misma medida que nos honra, nos llena de humildad y… ha sido una maravillosa sorpresa, y hablo especialmente por mí. Al fin y al cabo, no estamos acostumbrados a recibir premios de este tipo. Especialmente en Filipinas y en los tiempos que corren, no está de moda otorgar premios a las personas que defienden el derecho a la vida, que exigen justicia para la reparación de agravios, que luchan por la igualdad de género y que defienden la libertad de expresión ante los intentos de impedir el ejercicio de este derecho. No puedo ni imaginar que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se planteara incluir este tipo de programas en su agenda de bienestar social y desarrollo para la nación.

El presidente Duterte no ganó por un voto mayoritario, sino por un voto de mayoría relativa. Obtuvo el 38 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2016. No obstante, la diferencia frente a la candidata del Partido Liberal, Mar Roxas, fue de seis millones de votos, y el presidente Duterte no ha dejado de recordar a todo el mundo que esta amplia diferencia representa una condena del neoliberalismo, un paradigma del desarrollo que ha mantenido a los oligarcas en el poder a costa del desarrollo del pueblo desde que Ferdinand Marcos fue destituido en 1986.

Durante la campaña presidencial Duterte prometió que limpiaría el país de drogas ilegales, corrupción y delincuencia, y que impondría paz y orden y perseguiría el objetivo de reducir la pobreza. Les dijo a los pobres que él era uno de ellos y que conocía sus problemas que quedan sin resolver, sus agravios y la traición que han sufrido por parte de las élites.

Durante el año siguiente a su toma de posesión como presidente en 2016, atacó a poderosas instituciones a las que culpaba de ser parte de ese dominio oligárquico y corrupto: los medios de comunicación de masas, la Iglesia católica e incluso la Comisión de Derechos Humanos, así como los políticos corruptos vinculados al mortífero tráfico de drogas que estaba destruyendo “su país”.

Admitió que la principal fuente del tráfico de drogas ilegales provenía de China, pero afirmó que al destruir la infraestructura de la demanda de drogas los cárteles de la droga perderían su mercado. De este modo, en cuanto inició su mandato el día 1 de julio, convirtió en política oficial la destrucción implacable del mercado de drogas ilegales, una campaña que había empezado a forjar al día siguiente de ganar las elecciones presidenciales el 9 de mayo.

Ha intentado convencer a la gente de que las peligrosas drogas eran la causa de la criminalidad, y de que los consumidores de droga adictos a las sustancias ilegales eran miembros disfuncionales de la sociedad y la causa de la violencia y la delincuencia. Con este argumento ha justificado las ejecuciones sumarias de las mismas personas cuyas vidas había prometido salvar de la pobreza, los miles de personas pobres que votaron por él y lo llevaron a la presidencia.

En enero de 2017, la Policía Nacional Filipina informó de un total de 7000 consumidores de drogas y pequeños traficantes muertos, de los que 2500 murieron en operaciones policiales encubiertas. Se estima que la cifra total de fallecidos debió alcanzar aproximadamente los 13 000 a mediados de agosto de 2017. Las protestas contra estas matanzas, presentadas por la comunidad internacional de defensa de los derechos humanos, entre otros por parte de los relatores especiales de las Naciones Unidas y también la Alianza Progresista, únicamente provocaron la malevolencia por parte de Duterte, quien amenazó con sacar a Filipinas de las Naciones Unidas. Cuando la Unión Europea insistió en que los derechos humanos constituían un elemento fundamental de las ventajas comerciales del GSP+ y que deberían fomentarse a la hora de mejorar la vida económica en particular de las clases más pobres de la sociedad, Duterte amenazó con cortar las relaciones diplomáticas con los miembros de la UE.

A pesar de las dificultades a las que se enfrenta Filipinas en la actualidad, he podido conocer la red de miembros de la Alianza Progresista y he quedado muy impresionada por el conjunto de partidos políticos progresistas que la conforman, algunos de los cuales están ahora al frente del gobierno.

En Mongolia, nuestro anfitrión durante el congreso, el Partido del Pueblo de Mongolia (PPM), es la organización que lidera el gobierno. Las experiencias de ustedes son cualitativamente diferentes a lo que hemos experimentado en AKBAYAN. Aún tenemos mucho que aprender de ustedes con respecto a su mandato para abordar complejas preocupaciones de gobierno que abarcan los ámbitos económico, sociocultural y político. Somos plenamente conscientes de sus dificultades para producir alimentos para el pueblo en un terreno físicamente hostil, de la misma manera que nos emocionan los avances logrados por Costa Rica en la protección del medioambiente y en asegurar que el pueblo pueda aprovechar sus valiosos recursos naturales en los procesos de producción.

La experiencia de conocer Mongolia y ahora Costa Rica nos da un sentimiento de mayor solidaridad para el presente, y de esperanza para el futuro. Resulta muy reconfortante pasar tiempo todos juntos y conocer a partidos hermanos que dirigen programas de gobierno contra la arremetida del populismo y el fundamentalismo en todo el mundo y que inspiran a partidos políticos emergentes como el nuestro, al tiempo que seguimos defendiendo los objetivos que compartimos a favor de una mayor igualdad sin discriminación, la dignidad humana, la justicia de género, los derechos humanos, la libertad y la solidaridad entre nuestros pueblos y los del mundo.

Ahora me gustaría hablar de las razones que están detrás de su homenaje a Akbayan y a mí personalmente. Se han citado la larga batalla que tuvimos que librar para liberar a nuestro pueblo del dictador Ferdinand Marcos y la posterior lucha que mantuvimos, tras la destitución del dictador, hasta lograr que el Estado reconociera que debe rendir cuentas ante el pueblo. Quiero darles las gracias por este premio y es un orgullo para mí informarles de que Akbayan, como representante en el Congreso de Filipinas, fue uno de los principales autores de la Ley de la República núm. 10368, que ahora estipula el reconocimiento y la reparación de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron bajo el régimen de Marcos. En la actualidad, 75 730 solicitudes de compensación y reparación están siendo verificadas y validadas por la Junta de Reclamaciones de las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, la entidad creada por la ley con este propósito.

Esta ley tiene una gran relevancia, puesto que, según tengo entendido, es una legislación pionera en Asia y puede que incluso más allá, en la que se responsabiliza al Estado de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra el pueblo y por las que tiene que rendir cuentas. Su aplicación supone la condena de un delito histórico que ha destrozado las vidas de personas de varias generaciones: el delito de la impunidad.

El delito de impunidad solamente ocurre cuando hay una mentalidad ideológica que sostiene que el Gobierno existe para otorgar a algunos, que están en cargos de poder estatal, un poder ilimitado de autoperpetuarse como representantes únicos y soberanos de dicho Estado. La gobernanza democrática, por el contrario, se deriva de la voluntad soberana de un pueblo informado y empoderado que asegura desde abajo que se aplique el Estado de derecho y se respeten las garantías procesales. La gobernanza democrática impide el monopolio del poder del Estado a través del principio del equilibrio de poderes y este principio, por su parte, institucionaliza la división y la delegación de poderes a distintos organismos constitucionales y diferentes ramas del gobierno.

No obstante, cuando el equilibrio de poderes institucional es vapuleado mediante el uso de la coacción, la fuerza armada y la violencia, solo una masa crítica de ciudadanos informados y empoderados podrá hacer frente a este coercitivo imperio de la fuerza. En la reciente experiencia política de Filipinas, la Revolución EDSA consiguió destituir al dictador porque el pueblo indignado luchó para restaurar la democracia, la justicia social y los derechos humanos. Internamente, a la resistencia a la dictadura de Marcos se unieron varios grupos tras las divisiones que se produjeron en el seno del ejército y de las grandes empresas. Externamente, fue fundamental la solidaridad de nuestros amigos y hermanos que respaldaron nuestra lucha contra el mando de un solo hombre y presionaron a sus gobiernos para que retiraran su apoyo al dictador.

Cuando el presidente Reagan vio que Marcos había quedado moralmente desacreditado y aislado políticamente por la nación filipina, y que el ejército estaba dividido, le encargó a su enviado ante Marcos, el senador Paul Laxalt, que le dijera a Marcos que dejara ya el poder de una vez por todas. Marcos ya no era la solución; él era el problema y ya no podían confiar en él para la defensa de los intereses estadounidenses en el sureste asiático.

En la entrega de este premio, se ha utilizado el término “valentía política”. Nos sentimos profundamente honrados, y al mismo tiempo utilizamos este término con profundo respeto. Winston Churchill dijo una vez que, aunque es valentía lo que se necesita para levantarse y defender sus derechos, también se necesita valentía para sentarse y escuchar a los demás.

El otro día, antes de emprender mi viaje hacia Costa Rica, participé en una reunión discreta y confidencial con ocho mujeres de luto, eran siete madres y una joven viuda. Como familiares de víctimas de la guerra antidrogas, vinieron a compartir sus historias de sangre, dolor, sudor y tristeza.

La mayoría de sus hijos fueron brutalmente acribillados a balazos y a algunos los apalearon antes de matarlos, en los últimos meses de 2016. Los responsables de estas muertes fueron en casi todos los casos hombres vestidos de civil enmascarados y encapuchados. Algunas de las víctimas —de en torno a 20 años— fueron asesinadas en sus casas, otras murieron mientras andaban por la calle. El marido de la joven viuda salió a comprar leche para su hijo de 2 años, al que llevaba en brazos. Ella estaba haciendo recados en el barrio cuando oyó los disparos y le dijo a su amiga que se fuera a casa a avisar a su marido de lo que ocurría. En ese momento llegó alguien corriendo y gritando que habían disparado a su marido. Los hombres armados ordenaron a su marido que dejara al niño en el suelo y en cuanto el hombre entregó el niño a otra persona, le dispararon. Lo llevaron al hospital y murió unos días más tarde.

Una de las madres presenció cómo la policía arrestaba a su hijo a las 9 de la mañana y les pidió que la dejaran acompañarlo. La policía no le permitió ir con ellos en el furgón policial, de modo que ella consiguió la dirección de la comisaría de policía y los siguió. Cuando llegó a la comisaría, la policía le dijo que estaban dándole el desayuno a su hijo e interrogándolo. A las 11 de la mañana salieron con un joven con la cabeza tapaba y pantalones cortos, pero su hijo llevaba pantalones largos cuando lo arrestaron. Sin embargo, esto la asustó e insistió en que quería ver a su hijo. Al cabo de un tiempo, un policía se acercó a ella y le dijo, si quiere ver a su hijo, vaya a Tala, no lejos de allí. Ella hizo lo que le dijeron. En el lugar indicado había un furgón sin matrícula desde el que tiraron un cuerpo a la calle. El cuerpo sin vida era el de su hijo, al que le habían puesto pantalones cortos. La policía lo había cambiado de ropa y le habían tapado la cabeza en la comisaría para que su madre no lo reconociera. Cuando ella llegó allí ya eran las 12. La madre sospecha que su hijo fue probablemente apaleado y asesinado dentro del furgón.

¿Cuál es la razón de estas matanzas? Las víctimas fueron señaladas como consumidores de droga, camellos y mulas, o bien son los denominados “daños colaterales” de las operaciones policiales encubiertas; o bien la policía va a por ellos porque no ha cumplido la cuota semanal de objetivos del mercado de la droga.

Cuando les pregunté a las madres si habían intentado contactar con las autoridades o con la Iglesia para pedir ayuda, me contestaron que inicialmente solo pensaban en buscar asistencia médica para salvar la vida de sus hijos y, en el caso de los que fueron asesinados de forma inmediata, no podían siquiera dejarse llevar por la tristeza, ya que debían conseguir dinero para el funeral, que de media cuesta entre 40 000 y 80 000 pesos filipinos. Esta cifra representa mucho dinero para las familias, que suelen ganar entre 200 y 300 pesos al día.

¿Pero no intentaron hablar con el alcalde o pedir ayuda a la Iglesia? “No, porque si fuéramos a quejarnos, nos pedirían pruebas y nos harían muchas preguntas a las que sabemos que no podemos contestar. Esos hombres iban enmascarados, la policía estaba a una distancia que les permitía oír los disparos y no tenemos acceso para hablar con el alcalde; y tampoco sabemos si puede hacer algo.”

¿Y la Iglesia? “No lo hemos intentado. El cura de nuestra iglesia no es muy simpático, aunque dice que, según los Mandamientos, matar es pecado.”

¿Cuál es el mensaje que les traigo con estas historias? Todos hemos oído hablar de las ejecuciones en la guerra antidrogas: miles de personas asesinadas. Pero eso no son más que estadísticas que nos comentan. Sin embargo, cada una de estas madres, que intenta no llorar mientras recuerda cómo mataron a su hijo hace un año, nos está contando lo completamente irrelevantes que son para ellas los gobiernos locales en esos momentos tan dolorosos. La Iglesia solo puede ayudarlas si el cura es simpático. Incluso los amigos del barrio no asistieron al velatorio de sus hijos por temor a que la policía los considerara sospechosos de consumo o tráfico de drogas.

¿Qué conclusiones debemos extraer? A lo largo de todo el año, la brutalidad en la manera en que los dirigentes ejecutaban la guerra antidrogas desde arriba dio lugar a un escalofriante ambiente de miedo, en el que imperaba la violencia armada de los policías y los vigilantes, que provocó la matanza de miles de ciudadanos, cuyas cifras de fallecidos oscilan entre 8 000 y 13 000, en función de quién informe de ello. El gobierno local ha sido paralizado de forma efectiva y ha sido neutralizado en su capacidad para ofrecer protección y seguridad a los habitantes en sus casas y en sus barrios. También demuestra su incapacidad para mantener una apariencia de paz y orden en las comunidades que preside.

La parálisis de muchos gobiernos locales en funcionamiento se deriva del hecho de que los nombres de sus alcaldes y gobernadores aparecen en un grueso libro que constituye la larga lista de los denominados “narcopolíticos”, del que el presidente hace ostentación ante todos sin excepción cada vez que se dirige a la multitud. Amenaza a los políticos diciendo que si no cooperan en su guerra antidrogas esta lista de narcopolíticos puede rápidamente convertirse en una lista de certificados de defunción.

Por consiguiente, ahora la gente tiene muy pocas esperanzas puestas en los gobiernos locales, pese a que en la era post-Marcos se fortalecieran en el ejercicio del poder político gracias a la legislación titulada “El Código del Gobierno Local”. Las otras ramas del poder y las instituciones constitucionales que tienen el mandato de actuar como contrapoderes para evitar abusos del ejecutivo están siendo silenciadas a través de una serie de mociones de destitución: a lo largo del último año la presidenta del Tribunal Supremo, el presidente de la Comisión Electoral y recientemente la defensora del pueblo han sido objeto de sendas mociones de destitución.

Por otra parte, el brutal asesinato de tres adolescentes a manos de la policía el pasado mes de agosto de 2017 provocó la indignación pública, lo que ha forzado al Palacio de Malacañán a prometer que se llevará a cabo una investigación en profundidad sobre la muerte de los tres jóvenes. Del mismo modo, la Ley sobre Drogas Peligrosas (RA 9165) ha estipulado que la Agencia Antidrogas Filipina (PDEA por sus siglas en inglés) debe tomar el relevo de la desacreditada Policía Nacional filipina.

Las encuestas de los medios de comunicación muestran la caída en picado de la confianza de los ciudadanos en la capacidad del presidente Duterte para cumplir las cuatro promesas que hizo cuando fue elegido para el cargo, es decir:

1)  solucionar el problema de las drogas ilegales como amenaza para la sociedad filipina;

2)  acabar con la delincuencia y la corrupción;

3)  imponer la paz y el orden, así como fraguar un acuerdo de paz con el NEP del Partido Comunista de Filipinas y el Bangsamoro;

4)  reducir la pobreza.

No obstante, son precisamente estos indicadores específicos que muestran que la batalla del autoritarismo insidioso contra el imperio de la democracia seguirá dominando el campo de juego. Y es en este contexto más amplio en el que la solidaridad tiene un papel crucial.

Me gustaría volver a expresar nuestra más profunda gratitud a la Alianza Progresista por su oportuna visita a nuestro país hace unas semanas, cuando una delegación liderada por Konstantin dedicó su tiempo a debatir los asuntos más urgentes con la Comisión de Derechos Humanos y con miembros de la Iglesia católica. La delegación visitó el mercado donde se ha vertido la sangre de cientos de pobres y jóvenes presuntos consumidores de droga. Al mismo tiempo que les expresamos nuestro agradecimiento, queremos igualmente pedirles que mantengan el valioso apoyo que nos brindan en este momento tan crucial. Las cosas empeorarán antes de empezar a mejorar. Pero solo podrán mejorar cuando una ciudadanía informada y empoderada se levante para defender los derechos que están siendo pisoteados y las instituciones democráticas sean restauradas eliminando de ellas el poder dictatorial.

Me gustaría, por tanto, terminar mi intervención con las sabias palabras que Eleanor Roosevelt pronunció en 1958 en su discurso durante la conmemoración del décimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“¿Dónde, después de todo, empiezan los derechos humanos? En lugares pequeños, cerca de casa —lugares tan cercanos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, estos son los lugares que constituyen el mundo de la propia persona: el vecindario en el que vive, la escuela o universidad en la que estudia y la fábrica, granja u oficina en la que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca la justicia, las oportunidades y la dignidad sin discriminación. A menos que esos derechos adquieran significado en esos lugares, tendrán poco significado en otros lugares. Sin una acción ciudadana coordinada para defender sus derechos cerca de casa, nuestra búsqueda de progreso en el resto del mundo será en vano.”

¡Muchísimas Gracias otra vez!